Las recomendaciones que la Comisión Europea ha realizado este lunes para España no se restringen al área económica. El punto 9 de los veinte dedicados especialmente a nuestro país tiene como protagonista a la corrupción, uno de los problemas que lastran la confianza de los ciudadanos en las instituciones, tal y como reflejan mensualmente los barómetros que elabora el CIS.

El balance de Bruselas no puede ser más desolador y la retahíla de reproches a España se concatena. Según el brazo ejecutivo de la UE, a pesar del "auge" en las investigación por corrupción en los gobiernos locales y regionales, "no se han desarrollado estrategias preventivas en esas administraciones para mitigar la corrupción", dice el informe de la Comisión.

Tampoco existe en España, lamenta Bruselas, "una estrategia preventiva desde el Gobierno central", ni una "legislación que proteja a los denunciantes [whistle-blowers]", ni una normativa que "regule los lobbies", ni un aseguramiento de la "independencia" de la recientemente creada Oficina de Conflictos de Intereses. La consecuencia, según un estudio de la Universidad de las Palmas, es que la corrupción resta 40.000 millones cada año al PIB.

Además, el informe de recomendaciones que la CE dirige a España esta primavera pone en duda la efectividad de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal para aclarar los casos de corrupción. Porque si el objetivo de esta legislación introducida en 2015 era agilizar las investigaciones y reducir el retraso de los procedimientos, Bruselas sugiere que esto podría "resultar en impunidad" en los casos de corrupción más complejos.

Todo un varapalo para un país inmerso en una década de escándalos de corrupción, intensificada en las últimas fechas por la detención del expresidente madrileño Ignacio González acusado de blanqueo y malversación en el caso Canal, la imputación y dimisión de su homólogo murciano, Pedro Antonio Sánchez, acusado de fraude y cohecho, o el escándalo de evasión fiscal que afecta a la familia del expresident catalán Jordi Pujol.

"España ha hecho progresos en la lucha contra la corrupción, en particular en la transparencia de las decisiones administrativas y en la elaboración de leyes sobre la financiación de partidos y conflictos de intereses", reconoce sin embargo Bruselas, que vira el foco ahora a la implementación de esas medidas.