En concreto, el primer edil ha especificado en la misiva que, a su juicio, "la solución definitiva sería suspender cautelarmente la actividad, revocar la preceptiva autorización y, en su caso, adoptar las medidas pertinentes para el cierre definitivo del recurso".

En la carta también hace hincapié en que la autorización sea revisada, "ya que la solicitud la basaron en una fundamentación que no se ajusta a la verdad, a sabiendas de los solicitantes" y añade que el contrato de arrendamiento está vencido desde el año 1978, de acuerdo con lo acordado por el Ayuntamiento de Jaén en su día y ratificado por sentencia del Tribuna Supremo, de fecha de 4 de julio de 1983.

Márquez ha vuelto a recordar que el Ayuntamiento "cedió el uso de este espacio natural en 1944 a Icona mediante un consorcio con el objetivo de llevar a cabo su repoblación vegetal, y fue Icona, ahora la Junta de Andalucía la que en 1972 procedió a dar una concesión administrativa de explotación. Una concesión que aún hoy perdura y que debe retirar quien la concedió, que no es otra que la Junta de Andalucía".

De igual modo, ha informado que ya en los años 1977, 1978 e incluso en 1983, el Ayuntamiento de Jaén realizó diferentes acuerdos plenarios y actos donde, "por unanimidad, se acordó la petición del cierre de esta cantera.

Sin embargo, y a pesar de las distintas peticiones realizadas para su cierre, el Icona (antes) y ahora la Junta de Andalucía como su sucesora, "ha ido dando la concesión administrativa de los aprovechamientos mineros, independientemente de que el Ayuntamiento se haya opuesto a ello en distintas ocasiones".

Por este motivo, ha reiterado en varias ocasiones a la Junta de Andalucía que "quite de forma inmediata esta concesión administrativa" porque el aprovechamiento de este monte por parte de la Junta de Andalucía "provoca su degradación y por tanto todo esto es una cuestión que tiene que subsanar la Junta de Andalucía".

El alcalde ha recordado también que el TSJA en 2001 dictó una sentencia donde se decía que la cantera "tenía una actividad legal y no tenía por qué estar en contra del planeamiento urbanístico, pero no se entiende que, con la oposición del Ayuntamiento, la Junta de Andalucía continúe cediendo una concesiones de aprovechamientos en contra del consistorio desde los años 80".

Por otro lado, señala, además, que antiguamente este monte "no estaba protegido" pues la penúltima vez que se concedió su explotación fue en 1981 y el PGOU que protegía este monte fue de 1996, por lo que el TSJA expuso que la concesión estaba bien dada puesto que se había realizado con fecha anterior a este Plan General de Ordenación Urbana de 1996".

Por tanto, para el primer edil lo que llama la atención es que de nuevo en el año 2012, pese a que el monte está protegido medioambientalmente, la Junta de Andalucía "vuelva a dar esa concesión sin tener en cuenta el parámetro ambiental de protección urbanística de este monte, en base a un contrato de arrendamiento de 1972 que quedó absolutamente resuelto por el Tribunal Supremo en 1983".