"No estoy orgulloso de la contestación, me siento avergonzado de la misma", ha dicho G.G.Q., quien ha reconocido el correo electrónico en el que se confirmaba a Asalsido que en el hotel no se aceptaban a "grupos de discapacitados", por lo que ha reiterado sus "disculpas", toda vez que ha apuntado a un "error" al confundir a la asociación con la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (Faisem).

Así, ha narrado que una semana antes de que se solicitara por Asalsido una reserva para un grupo de 14 jóvenes y dos monitores, "la cadena decidió evitar a grupos de Faisem y otros que pudieran ser enfermos mentales" para evitar situaciones de "riesgo". "Se admitían enfermos mentales, pero no de violencia extrema", ha añadido el investigado, quien a preguntas de la Fiscalía no ha podido determinar qué mecanismos se empleaban para determinar este aspecto.

El director, para quien el Ministerio Público solicita dos años de inhabilitación especial, ha asegurado que desde el grupo hotelero se han aceptado otras reservas de grupos de personas con algún tipo de discapacidad intelectual y que "no era política de empresa" rechazar este tipo de reservas, toda vez que ha atribuido a un "error" la redacción del e-mail en el que negaba alojamiento a jóvenes con Down, por lo que su defensa ha alegado la ausencia de dolo en su acción.

Durante la vista oral también ha prestado declaración la supervisora de gestión, O.G.R., quien ha señalado que aunque ella era la "cabeza visible" del establecimiento, carecía de competencias para tomar decisiones de calado en Cabo de Gata Plaza Suites, de forma que ella se encargaba de hacer de "canal" entre el hotel y los responsables de la cadena.

En este sentido, ha indicado a las preguntas de las partes que ella no participó en la reserva de los grupos, dado que este servicio se encuentra centralizado en Castellón, y que se enteró de lo sucedido un día después de recibir una llamada de una responsable de Asalsido durante un turno en el que ella se ocupaba de la recepción. "No dije que no aceptábamos grupos de discapacitados", ha defendido la acusada, para quien también se solicitan dos años de inhabilitación.

En esta línea, ha reconocido que durante la conversación con una responsable de la asociación, que en ese momento no identificó como Asalsido según su versión, mencionó que había habido un grupo de "esquizofrénicos graves, según la descripción hecha por sus monitores" -ha ahondado- que habían "atentado contra el personal del hotel y clientes". "Me enteré que era un grupo de diez niños con síndrome de Down al día siguiente en la prensa", ha añadido antes de apuntar que, tras la llamada de teléfono, comunicó a la central lo sucedido.

Para el fiscal, ha quedado acreditada la discriminación tanto por el "contundente" e-mail remitido por el acusado y la "poca duda sobre su contenido" al "privar" a "todas las personas" con síndrome de Down del alojamiento "por discapacidad"; así como por las manifestaciones de la supervisora, que "con carácter general" rechazó este tipo de grupos al hacer referencia a los "problemas" que causan, por lo que "se reafirma en la actitud" mantenida por la cadena.

Por su parte, la Fiscalía ha retirado la acusación contra la trabajadora de la empresa Welcome Incoming Services, V.T.S., después de que indicara que ella trasladó la información que había recibido como empresa a los clientes, con lo que el propio juez Javier Fermín Villarrubia ha indicado que su comportamiento fue "mecánico". Así, ha quedado absuelta en sala.

RESERVA "PARA UN GRUPO DE PERSONAS SIN MÁS"

Durante la vista ha prestado declaración como testigo la presidenta de Asalsido, Josefina Soria, quien ha señalado que la asociación interesó una reserva desde la asociación. "No nos creíamos que no tarifaran para un grupo de personas sin más", ha apuntado la presidenta, quien ha señalado que fue la directora técnica de la entidad la que contactó directamente con el hotel para hablar con la responsable del establecimiento.

La presidenta, quien obtuvo posteriormente referencias de tal conversación por parte de su directora técnica, ha asegurado que se le trasladó al hotel que era una "discriminación" que no se aceptara a personas con Down y que "las leyes no lo permitían" porque "las personas con discapacidad intelectual tienen derechos" y "no podía generalizar" a raíz de experiencias con otros grupos.

Soria ha reconocido que después de que se hiciera público lo ocurrido, acudieron a la asociación representantes del hotel para "decir que lo sentían mucho", que "no era lo que pretendían" y que "habían tenido problemas en otras ocasiones". En esta misma línea, ha apuntado que la cadena sí admitía grupos "en temporada baja". "Lo permitirían porque así podrían subsistir, no lo sé", ha añadido.

La acusación particular, ejercida por la Junta de Andalucía, ha mantenido la acusación contra G.G.Q. y O.G.R., a quien ha considerado "conocedora" de la situación y con competencias para determinar "la admisión en el centro hotelero" como "directora" del mismo, pese a lo que "no hizo nada para remediar esta situación".