La propuesta presupuestaria del presidente estadounidense, Donald Trump, presentada este martes incluye la venta de casi la mitad de la Reserva Estratégica de Petróleo y abrir el Refugio Nacional del Ártico, en Alaska, a la exploración petrolera, con la meta de aumentar los ingresos fiscales.

Las ventas de la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR, en inglés), que actualmente cuenta con 688 millones de barriles y quedarían en apenas 270 millones barriles, comenzarían este año por valor de 500 millones de dólares y alcanzarían un total de 16.000 millones en la próxima década.

"Creemos que es lo responsable que hay que hacer (...) El riesgo se reduce drásticamente cuando hemos incrementado la producción como lo hemos hecho", dijo Mick Mulvaney, director de la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca.

Mulvaney se refería así al fuerte incremento de la producción nacional debido a la técnica de la fracturación hidráulica, que ha acercado a EE UU a la independencia energética. La SPR fue establecida como almacén de emergencia en 1975 durante la crisis energética de entonces generada por el embargo a la venta a ciertos países, incluido EE UU, impuesto por los países árabes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

"Dada la trayectoria a largo plazo de producción de energía y capacidad de transporte, una SPR más pequeña se proyecta que sea capaz de continuar con nuestras obligaciones internacionales y necesidades de emergencia", señala el plan de Trump.

Por otro lado, se propone aumentar los ingresos federales a través del otorgamiento de licencias de exploración en el Refugio Nacional de Vida Salvaje del Ártico, en Alaska, un área medioambiental protegida en la que se calcula que hay 12.000 millones de barriles de crudo. Con estos permisos, se calcula que se generarían 1.800 millones de dólares adicionales.

No obstante, esta propuesta cuenta con la oposición de los grupos medioambientales y no asume la dificultad y los altos costes operativos en un lugar tan remoto y con condiciones meteorológicas tan extremas. Asimismo, plantea la supresión del acuerdo para compartir las regalías por la exploración petrolera con los estados del Golfo de México, algo que encontrará la oposición de legisladores de estados como Luisiana, Misisipi o Texas, que reciben actualmente el 37,5% de los pagos de las empresas petroleras al gobierno federal.

También sugiere la venta de líneas de transmisión de electricidad de propiedad federal a inversores privados en varios estados del oeste del país por un valor de 2.400 millones de dólares.

Recortes sustanciales de los programas sociales, aumento del gasto en defensa y seguridad fronteriza y la meta de suprimir el déficit de Estados Unidos son las prioridades económicas del gobierno de Trump, que han quedado claras después de la primera propuesta presupuestaria. "Ya no vamos a medir la compasión por el número de programas de asistencia social y el volumen gastado en esos programas", afirmó Mick Mulvaney, director de la Oficina de Gestión de Presupuesto de la Casa Blanca, en una conferencia de presentación del documento.

En total, el plan titulado Unos nuevos cimientos para la grandeza de Estados Unidos, propone un recorte de 3,6 billones de dólares en el gasto del gobierno federal.

La propuesta de Trump se centra en los programas de asistencia social para los más desfavorecidos: el Medicaid, de cobertura médica para las personas de bajos ingresos, y el SNAP, de financiación de alimentos para familias de escasos recursos. Con las sustanciales modificaciones de ambos se pretende reducir sus fondos en casi en 800.000 millones de dólares en los próximos diez años.

Más de cincuenta millones de ciudadanos de Estados Unidos recurrieron a ambos programas en 2016. Trump ha criticado la desmesurada subida de programas sociales impulsados por su predecesor, Barack Obama, durante la crisis financiera de 2008 y 2009, puesto que, a su juicio, no incentiva la vuelta al mercado laboral de muchos beneficiados y contribuye al desequilibrio de las cuentas públicas. "Necesitamos a todo el mundo empujando en la misma dirección", subrayó Mulvaney.

El funcionario recalcó, además, que las proyecciones macroeconómicas prevén una reducción gradual del déficit presupuestario de Estados Unidos, que se espera cierre el año fiscal 2017 en el 3,1% del PIB hasta prácticamente equilibrarlo en 2027. E insistió en que gracias a la agenda de desregulación, reducción de impuestos e inversión en infraestructura se logrará un crecimiento económico en la próxima década del 3% anual, algo que los economistas dudan, ya que la última vez que se registró esa tasa fue 2005.

En los últimos años de la presidencia Obama (2009-2017) la media del crecimiento estadounidense anual rondó apenas el 2%. No todo son recortes, sin embargo, y la propuesta de Trump incluye sustanciales alzas para Defensa, que vería incrementado su presupuesto en casi un 10%; y Seguridad Nacional, un 6% en el que se incluyen 2.600 millones para reforzar la frontera con México.

Asimismo, solicita 200.000 millones de dólares para inversión en infraestructuras y 25.000 millones más para financiar un programa de baja por maternidad y paternidad diseñado por su hija y asesora, Ivanka Trump.

Estados Unidos es el único país de la OCDE que no cuenta con un programa federal de este tipo. Por otro lado, Mulvaney remarcó que el presupuesto de Trump no toca los programas de Medicare, de sanidad para mayores de 65 años, y de pensiones de la Seguridad Social, dos de los más costosos para el gobierno federal, tal y como prometió Trump en su campaña electoral. La propuesta presupuestaria es más una declaración de prioridades políticas que un documento económico, ya que debe aprobarlo el Congreso.