La Síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, se ha unido a la lucha contra la expulsión de inquilinos como consecuencia de operaciones especulativas. A raíz de la queja presentada por diversos arrendatarios de la finca situada en el número 37 de la calle Leiva, que se podrían ver obligados a abandonar sus viviendas después de que una empresa inversora haya comprado todos los pisos por 2.750.000 euros, Vilà ha reclamado este miércoles una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para evitar casos como este.

La Síndica ha exigido cambiar el texto legal para que este reconozca el derecho de tanteo y retracto a los inquilinos cuando se produzca la venta del edificio donde viven, y además, ha pedido limitar y controlar el precio del alquiler y ampliar la duración de los contratos.

Según ha explicado, ha hecho llegar estas peticiones al Ayuntamiento de Barcelona y a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, para que insten a las administraciones competentes a llevar a cabo las reformas necesarias.

"El problema de la vivienda es el más serio y dramático al que desgraciadamente tiene que hacer frente el Consistorio", ha dicho Vilà, y ha reiterado la necesidad de conseguir con celeridad un parque público de pisos de alquiler que ejerza de contrapeso frente a la oferta privada.

Sobre el caso de la finca de la calle Leiva, situada en el distrito de Sants-Montjuïc y habitada por 13 familias, la Síndica ha lamentado que la empresa inversora que la ha comprado, Vauras Investment, ya ha comunicado a los arrendatarios que no se les renovará el contrato de alquiler una vez finalice, excepto a cuatro de renta antigua y a otros cuatro que han okupado los pisos.

Desde el Ayuntamiento han explicado a 20minutos que el gobierno municipal de Ada Colau está realizando los "trámites necesarios» para "deshacer la venta previamente producida y adquirir la finca", para así evitar la expulsión de sus vecinos.

Esto es posible, han contado, porque el Consistorio "ha resuelto por decreto de alcaldía que hay causa justa para ejercer el retracto", ya que antes de la venta a Vauras Investment, "se debería haber ofrecido el previo y preceptivo derecho de tanteo al Ajuntament y a la Agència de l'Habitatge de Catalunya, de conformidad con los artículos 1 y 2 del Decreto ley 1/2015".

"Todo empezó en noviembre de 2016, cuando nos informaron de que había cambiado el propietario del edificio. Un día apareció en la entrada de la finca una persona de seguridad que desde entonces se está las 24 horas del día vigilando. Después, en febrero, a los vecinos de los contratos temporales se nos comunicó que no nos renovarían el alquiler y cuando preguntamos si podíamos comprar el piso nos dijeron que el precio no estaba a nuestro alcance.

A partir de ahí, los vecinos empezamos a movilizarnos. Aunque sabemos que esta compraventa es legal, creemos que es una cosa totalmente injusta porque están especulando con nuestro hogar. Ahora el precio de los alquileres de la zona ha subido, ya no hay pisos por menos de 900 euros, y esto nos obligará a dejar el barrio".