De estas 347 viviendas recuperadas todas están asignadas ya de forma legal a familias necesitadas, excepto las 24 ubicadas en el bloque 2 de la calle Ródano de Cáceres, que está actualmente tapiado debido a su situación de inhabitabilidad y se va a someter a una reforma integral para poder adjudicarlo de nuevo.

Durante el año 2015 se recuperaron un total de 58 viviendas en la región. Estos datos se han puesto encima de la Mesa de Trabajo del Protocolo Antidesahucios que se ha reunido este jueves para analizar las actuaciones de este organismo que se puso en marcha desde el Gobierno regional en colaboración con varias plataformas ciudadanas de la región para regularizar la situación de las viviendas sociales y la distribución de estos recursos a las familias que realmente lo necesitan.

La responsable del Servicio de Adjudicación de la Secretaria General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo, Nuria Sánchez Villa, y coordinadora de la mesa, ha explicado que el objetivo de este mecanismo es estudiar caso a caso la situación económica y social de cada familia y evitar que sean desahuciadas, si realmente necesitan la vivienda.

Desde el inicio del protocolo se han recuperado 42 viviendas con auxilio policial para lo que fueron necesarios 22 operativos policiales. Un total de 30 viviendas en Cáceres se recuperaron con actuación policial, mientras que en Badajoz fueron 23; en Mérida, 11; en Plasencia, 7, y en otras poblaciones, 3.

Así, en el año 2016 se llevaron a cabo 237 desahucios de viviendas ocupadas ilegalmente, de los que 68 fueron en Badajoz, 51 en Cáceres, 44 en Mérida, 18 en Plasencia y 56 en el resto de poblaciones extremeñas. En lo que va de año este número ha ascendido a 110 viviendas recuperadas, de las que 25 están en Cáceres, 19 en Badajoz, 39 en Mérida, una en Plasencia y 26 en otras localidades.

De estas 110 viviendas recuperadas en este 2017, un total de 86 fue a raíz de la negociación con los inquilinos, mientras que en 24 de ellas hubo que hacer uso de un lanzamiento judicial.

En el caso de Cáceres, la mayoría de las actuaciones se han desarrollado en el barrio de Aldea Moret, donde ha tenido lugar la rueda de prensa para realizar este balance, en el que se ha puesto de manifiesto también que la ciudad donde se registran más viviendas sociales ocupadas de forma ilegal es Plasencia, en proporción con el número de viviendas totales.

Cabe recordar que el Protocolo de Desahucio y Lanzamiento en materia de Vivienda de Promoción Pública propiedad de la Junta de Extremadura, que entró en funcionamiento en febrero de 2016, se rubricó para ser la herramienta que canalizar la debida información a los colectivos afectados por los desahucios y a los grupos políticos con presencia a nivel municipal y autonómico.

PARQUE DE VIVIENDAS SOCIALES

El documento también recoge la constitución de mesas de trabajo municipales a propósito de los lanzamientos que la Junta de Extremadura pretenda ejecutar en las viviendas de promoción pública en aquellas ciudades que concentran el mayor volumen de viviendas como es el caso de Badajoz, con 2.452; Cáceres, con 1.031; Mérida, con 1.420 y Plasencia, con 592.

El protocolo se firmó con la colaboración de varios colectivos como Adicae, Plataformas de Afectados por la Hipoteca de varias ciudades, la ong Mujeres Sembrando, Asociación para la recuperación de Colorines y Suerte Saavedra, y la Asociación para la recuperación del Gurugú.

Desde la Asociación para la recuperación de Colorines, Antonio Chacón, incide en que este protocolo solo busca que "se cumpla a rajatabla la normativa" y "que las personas que tengan que ser desahuciadas se haga con todo el rigor y transparencia" y "las que necesiten verdaderamente la vivienda, la tengan".

"Las plataformas no desahuciamos a nadie, sino que defendemos que todo se regularice", insiste Chacón, que recalca que se estudia caso por caso y si las familias ocupan ilegalmente una vivienda o son conflictivas se inicia el proceso de desahucio porque lo importante "es recuperar la convivencia" y "condenar las conductas antisociales".