En concreto, en Murcia se ha aprobado la especialización del Juzgado de Primera Instancia 11 de Murcia. En toda España, habrá un juzgado por provincia en la península y uno en cada una de las principales islas de los archipiélagos canario y balear.

El CGPJ lleva así a efecto el plan de urgencia en el que empezó a trabajar el pasado mes de febrero para hacer frente al previsible aumento de litigios sobre cláusulas abusivas en escrituras hipotecarias, como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 21 de diciembre de 2016 en relación con las cláusulas suelo.

El acuerdo aprobado por la Comisión Permanente atribuye a los juzgados especializados la competencia para conocer -en el territorio de la provincia o isla en la que tengan su sede- los asuntos que ingresen a partir del 1 de junio relacionados con las condiciones generales incluidas en contratos de financiación, con garantías reales inmobiliarias, cuyo prestatario sea una persona física.

Estos asuntos se refieren, entre otros, a cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa.

La fecha de entrada en vigor de la especialización coincide con la conclusión de los cuatro meses que suman los plazos establecidos en el Real Decreto-ley 1/2017, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, para que las entidades de crédito adoptaran las medidas necesarias para dar cumplimiento a sus previsiones y para que el consumidor y la entidad llegaran a un acuerdo o se tuviera por concluido el procedimiento extrajudicial.

A medida que se vayan conociendo las cifras de ingreso de asuntos en los órganos especializados, el Consejo General del Poder Judicial hará una valoración ajustada de las necesidades, de manera gradual y flexible, que será inmediatamente comunicada al Ministerio de Justicia y a las Comunidades Autónomas con competencia en esta materia.

Ello permitirá acomodar los medios personales y materiales de cuya dotación son responsables estas Administraciones a las necesidades que vayan surgiendo en el desarrollo del plan de urgencia, con la necesaria flexibilidad.

Así, el plan contempla distintas medidas de refuerzo para los juzgados especializados, en función de la entrada de asuntos de la clase objeto de especialización y teniendo en cuenta que estos órganos judiciales continuarán conociendo de todos los procedimientos actualmente pendientes ante los mismos hasta su conclusión.

En aquellos territorios con menor entrada de asuntos, será el titular del juzgado el que asuma el conocimiento de la materia, adoptándose las medidas de compensación y refuerzo que resulten necesarias, como la exención parcial de reparto de determinada clase de asuntos, la liberación de sustituciones no voluntarias y el apoyo de los letrados de la Administración de Justicia y funcionarios que sean precisos.

Si el ingreso de asuntos es superior, el órgano judicial podrá contar con un "juzgado bis" servido por uno o más jueces de refuerzo, así como con los letrados de la Administración de Justicia y funcionarios que se necesiten, lo que se determinará en las evaluaciones mensuales que se irán realizando.

En un primer momento, serán los 65 jueces en prácticas de la 67 promoción de la Escuela Judicial, que han recibido formación específica sobre la materia para reforzar sus conocimientos y garantizar menores tiempos de respuesta, quienes realicen preferentemente estas funciones de refuerzo en los órganos especializados.

No obstante, en el caso de que los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia consideren que en los juzgados especializados no existe carga de trabajo suficiente, estos jueces realizarán funciones de refuerzo transversal en el resto de los órganos de la provincia, resolviendo los asuntos de esta naturaleza que hubieran tenido entrada antes del 1 de junio.

En aquellos territorios donde no haya disponibilidad de jueces en prácticas y sea necesario adscribir un juez de refuerzo, se podrá adscribir a un Juez de Adscripción Territorial (JAT), a un juez sustituto u ofrecer una comisión de servicio.

Las medidas contempladas en el plan de urgencia serán evaluadas mensualmente por el CGPJ, el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias en esta materia, con el objetivo de revisar la eficacia de las mismas y la necesidad de aportación de los medios personales y materiales responsabilidad de estas Administraciones.

La primera de esas reuniones de coordinación se producirá el próximo miércoles, en la víspera de la entrada en vigor del plan.