De esta manera, Agustín de la Fuente, Vicente Fernández Manso, Javier Bahamonde y Blanca Blanco tienen que sumar este delito al de tráfico de influencias, mientras que el principal acusado, José Bahamonde, exjefe del Servicio Territorial de Industria en la delegación de la Junta de Castilla y León en Zamora, se enfrenta a los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios y cohecho.

Sobre este último, el fiscal ha explicado al jurado popular que Bahamonde "aceptó" participar en el contrato de compraventa de acciones de la empresa Sol Sayago a pesar de su cargo en Industria, por el que se dedicada a autorizar la construcción de huertos solares en la provincia, por lo que "vulneró sus deberes de imparcialidad como funcionario público".

Por su parte, la defensa se ha aferrado a las declaraciones de sus testigos para justificar que Bahamonde no incurrió en ninguna irregularidad puesto que siguió el trámite marcado para conceder esos parques solares, según el reglamento y ha denunciado como "desmedida" la acción del fiscal de calificar de cohecho el que su cliente firmara una autorización para que Sol Sayago pudiera entrar en el negocio de las solares. Por otra parte, ha remarcado que el contrato por el que se le dotaba de acciones de este empresa a Bahamonde nunca llegó a firmarse, "por lo que jamás tuvo efecto jurídico ni se transmitieron acciones".

El abogado Francisco Javier Gómez de Liaño, además, ha arremetido contra la prensa en su alegato final, a la que ha acusado de provocar este proceso que ha calificado de "absurdo". "Las informaciones periodísticas han actuado como impulsoras", ha señalado antes de reiterar la petición de no culpabilidad para los cinco acusados.

Tras los informes finales de fiscal y defensa, el lunes se retoma el juicio con la denominación del objeto del veredicto, tras la que los miembros del jurado tendrán que retirarse a deliberar.