Doce detenidos por estafar miles de euros con falsos anuncios de alquileres en Madrid

  • Se estima que la cantidad estafada con los falsos alquileres podría superar los 75.000 euros y afectar a más de 55 víctimas nacionales e internacionales.
  • Las investigaciones sobre la estafa de alquileres llevó a los agentes hasta otro grupo especializado en la falsificación de documentos de identidad.
  • Se estima que el grupo de falsificadores podría haber distribuido miles de documentos en los últimos cinco años.
Policía Nacional en la Jefatura Superior de Policía de Madrid
Policía Nacional en la Jefatura Superior de Policía de Madrid
EUROPA PRESS
Policía Nacional en la Jefatura Superior de Policía de Madrid

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado simultáneamente una red dedicada a la comisión de estafas inmobiliarias a gran escala y una organización de expertos falsificadores de documentos.

Lo han hecho a través de un dispositivo policial por el que se ha detenido a los doce principales responsables de ambos entramados criminales, once en Madrid y uno en Barcelona.

Según ha informado la Policía Nacional, también efectuaron ocho registros domiciliarios en los que, además del material incautado en el laboratorio, se intervinieron varios móviles, tarjetas SIM, equipos informáticos, documentos de contabilidad, justificantes de cobros fraudulentos, facturas falsificadas y contratos de cuentas bancarias abiertas con documentos falsos.

La trama dedicada a los fraudes ofrecía viviendas supuestamente en alquiler en conocidos portales inmobiliarios de Internet y pedía a los interesados hacer una transferencia a un familiar o amigo con el pretexto de comprobar su solvencia económica, generalmente superior a 1000 euros.

Más tarde, solicitaban a sus víctimas el envío de un justificante y, con los datos que en él aparecían, encargaban a los falsificadores un documento de identidad falso para hacerse pasar por esa persona y retirar el efectivo.

Por otro lado, el grupo de falsificadores, capaz de elaborar los papeles fraudulentos en pocas horas, operaba desde Madrid y tenía "clientes" tanto en España como en el extranjero.

Ofrecían documentos ilícitos con los que facilitar la entrada ilegal en nuestro país, simular una situación administrativa legal en España o cometer fraudes, cobrando por ellos entre 300 y 500 euros, aunque algunos de sus encargos llegaban a alcanzar la cifra de 3000 euros.

Se estima que la cantidad estafada con los falsos alquileres podría superar los 75.000 euros y afectar a más de 55 víctimas nacionales e internacionales, algunas ubicadas en Japón, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Alemania y Francia.

Anuncios de alquiler en internet

Las investigaciones comenzaron cuando los ciberagentes detectaron la existencia de anuncios de alquiler de inmuebles en famosos portales de Internet y los relacionaron con numerosas denuncias de estafas, la mayoría de ellas superiores a 1000 euros.

Cuando una de las personas se interesaba por la oferta publicada, los detenidos le pedían que hiciera una transferencia a un familiar o un amigo de confianza con la excusa de comprobar su solvencia económica.

Solicitaban hacerlo a través de empresas de envío de dinero, con las que muchas veces tenían un acuerdo, y que, posteriormente, los estafados les enviaran el justificante.

Una vez que se hacían con los datos personales de la persona del entorno de la víctima, los utilizaban para hacer un documento de identidad falso con su nombre para que una de las "mulas" de la organización cobrase el importe en dichas empresas, antes de que lo hiciera el verdadero interesado.

Mientras unos se encargaban de insertar anuncios y captar víctimas, otros realizaban el cobro del dinero.

Además, existían individuos encargados de captar personas encargadas de realizar los cobros y otras que proporcionaran sus cuentas bancarias para ingresar el dinero procedente de las estafas y que el líder de la red pudiera enviar dicha cantidad a Nigeria, ya fuera con documentación falsificada o ayudado por otros, pero siempre desde cuentas abiertas por terceras personas.

Otro grupo implicado

Las investigaciones realizadas sobre las personas que les proporcionaban los documentos falsos llevaron a los agentes hasta otro grupo, investigado por agentes especializados en materia de extranjería, especializado en la falsificación de todo tipo de documentos de identidad.

Elaboraban permisos de residencia de régimen comunitario falsos, así como documentos para que ciudadanos extranjeros pudieran entrar de manera ilegal en nuestro país, o destinados a cometer estafas como en este caso.

Realizaban estos documentos con tanta asiduidad que tan sólo tardaban horas en producirlos.

El precio que cobraban por ellos oscilaba entre los 300 y 500 euros, aunque había encargos que llegaban a alcanzar los 3.000 euros, en función del número de intermediarios implicados. El líder de este entramado de falsificadores era auxiliado por su esposa en la labor de distribución.

Los investigadores localizaron en el domicilio del arrestado, en Móstoles, un "completo laboratorio" en el que producían los documentos ilícitos.

Contaba con ordenadores dotados de avanzados programas de edición, impresoras, una plastificadora, una prensa, sellos húmedos y secos, luz ultravioleta, diferentes tintas y otros materiales para sus actividades ilícitas, así como varios documentos falsos ya elaborados.

Se estima que, tras el análisis de todo el material intervenido, el grupo de falsificadores podría haber distribuido miles de documentos en los últimos cinco años.

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