El jueves está previsto que finalice la ronda de casi 80 comparecencias de los expertos que han asesorado a la subcomisión del Congreso de los Diputados para el pacto de estado de violencia machista. El siguiente paso es que los distintos grupos que la integran consigan articular los cimientos de un posible acuerdo, como muy tarde el 16 de junio. Sin embargo, la oposición en pleno advierte de una falta de sintonía en materia presupuestaria que podría hacer encallar el pacto de estado.
La portavoz de igualdad de Ciudadanos en el Congreso, Patricia Reyes, ha reconocido en una entrevista con la agencia EFE que "no será fácil" alcanzar un pacto de estado y que "el mayor problema surgirá en lo que tiene que ver con los presupuestos". Reyes ha pedido que el acuerdo incluya una memoria económica exclusiva que favorezca su aplicación.
También el PSOE se ha mostrado "frustrado" por la "cerrazón" del Gobierno para mejorar la respuesta institucional a la violencia machista en los presupuestos de 2017, horas después de un fin de semana trágico con tres mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. El PSOE avisa de que "si hubiese una prórroga de las cuentas de 2017 tendríamos más de dos ejercicios sin dotación económica para implementar las medidas del pacto contra la violencia de género", en palabras de Ángeles Álvarez, la portavoz socialista de Igualdad en el Congreso.
Por su parte Unidos Podemos se teme "que el pacto de estado se quede como algo propositivo y no impositivo al no estar dotado de suficientes recursos", ha asegurado su portavoz de Igualdad, Sofía Castañón. Su escepticicismo se debe "a que a este pacto no se le destina un céntimo en los actuales Presupuestos y se podría haber hecho una previsión a la espera del texto definitivo. También a que la subida de la partida para atender la violencia machista que se contempla en los Presupuestos Generales del Estado es un chiste. Estamos a niveles que no superan lo dedicado en 2010", ha dicho. Unidos Podemos añade a la lista de obstáculos su prioridad de que el seguimiento al pacto se haga desde el ámbito legislativo, es decir desde el Congreso, y no desde el Ejecutivo (Gobierno).
De salvarse el escollo de consensuar una partida presupuestaria, los partidos políticos ya han empezado a dibujar en líneas generales las ambiciones del futuro pacto de estado para erradicar la violencia machista:
- Cumplir el convenio de Estambul: Deberán ampliarse las formas de violencia contra la mujer que recoge la actual ley de 2004 para incluir la violencia sexual, dentro o fuera de la pareja.
- Educación en igualdad.
- Campañas de prevención en los medios de comunicación, las entidades locales y los servicios sociales.
- Mejora de coordinación de los agentes intervinientes en el proceso de atención a las víctimas.
- Formación del personal de los centros de salud.
- Reorganizar el trabajo de los Juzgados de Violencia, porque algunos trabajan por encima de su capacidad. Mejorar la especialización judicial.
- Crear unidades de valoración forense en aquellas comunidades autónomas que no tienen.
- Invertir en dispositivos de seguridad específicos que funcionen adecuadamente.
- Facilitar el acceso de las víctimas a sistemas de seguridad y atención de servicios sociales sin que haya resolución judicial.
- Mejorar la respuesta institucional a las mujeres que se acercan a demandar ayuda.
- Dotar a los Ayuntamientos de competencias en materia de igualdad para reforzar los centros de la mujer.
- Que el seguimiento del pacto de estado se haga desde la subcomisión del Congreso y ponderada por los grupos parlamentarios que lo firmen.
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