El Gobierno ha cambiado de actitud ante Manuel Moix y ha pasado de la defensa al silencio, con lo que el futuro del fiscal jefe Anticorrupción se oscurece y queda pendiente de la reunión que ha de mantener con su jefe, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, este jueves, y en la que el fiscal jefe anticorrupción podría presentar su dimisión.

Este silencio ha llegado por parte de la la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, como el ministro de Justicia, Rafael Catalá, después de ser preguntados este miércoles por Moix y por su participación en una sociedad radicada en el paraíso fiscal de Panamá.

Tras la confianza expresada el martes en Portugal por el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, los miembros del Gobierno han optado por recordar que es al fiscal general del Estado al que corresponde nombrar y remover al jefe Anticorrupción.

No obstante, el propio Catalá explicó ayer a los periodistas en una conversación informal que él desconoce si Moix va a dimitir y les ha aconsejado que no lo den por hecho. También ha contado que llamó a Maza para preguntarle sobre las informaciones publicadas y el fiscal general del Estado le respondió que "no era nada, una propiedad familiar".

Pero Moix ha cambiado en pocas horas de discurso y, tras defender que su comportamiento fue correcto y transparente y descartar la dimisión, ha admitido este miércoles que se equivocó al no informar de su situación al fiscal general y ha abierto la puerta a su salida.

"No tengo ningún apego al cargo", declaró en Onda Cero el miércoles por la mañana, donde anticipó la conversación pendiente con Maza. A la espera de que se produzca esta mañana, el periódico Infolibre publicó este miércoles una información que contradice la versión ofrecida por Moix de que se enteró de la existencia de la sociedad en Panamá cuando fallecieron sus padres.

De acuerdo con el abogado José Román Marín de la Bárcena, que actuó judicialmente contra la familia Moix a principios de los años noventa por impago y alzamiento de bienes en la construcción del chalé de Collado Villalba, en la declaración judicial de los padres de Moix estaba presente su hijo Manuel.

La presión llega al fiscal general incluso desde el colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), que ha pedido a la Agencia Tributaria que abra una inspección sobre él y sus hermanos para verificar si la sociedad familiar es una empresa para eludir el pago de 90.000 euros en impuestos.