El Parlament ha aprobado este jueves la ley de universalización de la asistencia sanitaria, que "blinda el derecho" de acceso al sistema público a todos los residentes en Cataluña, independientemente de su situación administrativa, y con la que se esquiva el real decreto de 2012 del Gobierno del PP que la limita.

El proyecto de ley del Govern de universalización de la asistencia sanitaria, a cargo de los fondos públicos a través del Servei Català de la Salut, ha contado con el voto a favor de Junts pel Sí, PSC, Catalunya Sí Que Es Pot y la CUP, mientras que Ciudadanos se ha abstenido y el PPC ha votado en contra.

De acuerdo con la nueva ley, todas las personas residentes en Cataluña tienen derecho a la asistencia sanitaria, y los ciudadanos que no sean beneficiarios del sistema nacional de salud podrán acceder a la sanidad si acreditan su residencia en esta comunidad mediante el empadronamiento, aunque también se establecerán otros mecanismos de acreditación.

Estos otros mecanismos de acreditación se fijarán en un reglamento que desarrollará la ley, previsto para dentro de tres meses como máximo, ante las dificultades de empadronamiento de algunos colectivos como los que se encuentran en situación de exclusión social, ha precisado el conseller de Salut, Toni Comín, a lo medios.

Comín ha destacado que la nueva norma que ha promovido el Govern incorpora varias novedades como el "blindaje por ley" a la asistencia sanitaria pública para todos los residentes, la eliminación de los tres meses de carencia para poder acceder a la sanidad o la de garantizar la cobertura a los catalanes que viven en el extranjero cuando regresen a Cataluña.

"Hoy, con esta ley, desharemos lo que hizo el Gobierno del PP con el real decreto de 2012 dejando a parte de los ciudadanos fuera de la cobertura sanitaria. Hoy restauramos la universalidad, ya no habrá que aplicarla por la puerta trasera", ha dicho el conseller, quien ha resaltado, en este sentido, que "hoy es un día histórico" por la aprobación de esta ley "muy trascendental".

Comín se refería así al real decreto del Gobierno de 2012, que limita el acceso sanitario a los inmigrantes en situación administrativa irregular, y que Cataluña y otras comunidades autónomas han ido sorteando desde entonces con reglamentos u órdenes administrativas, pero ahora se "blinda" este derecho con la nueva ley.

El conseller, además, ha señalado que esta ley es en cierta medida "constituyente", ya que "blinda" un derecho fundamental y define el "modelo de país que queremos".