En el debate parlamentario, ha criticado que la ley nació "mal y sin consenso, redactada en un despacho" y por un coste de más de 50.000 euros, y sin equipo multidisciplinar y sin participación de todos los agentes sociales de las islas.

Ha dicho que se ha hecho una ley a la medida "jurídica pero no técnica", que será una "carta blanca" para inversores con dinero y aumentará la judicialización porque fomenta la "arbitrariedad" de las administraciones.

Según Monzón, aumentará "hasta el infinito" la discrecionalidad de los poderes políticos, ha habido "muchas prisas" y puede haber expropiaciones que "arrasarán" los derechos de los pequeños propietarios.

Además, ha comentado que es una ley "política y de valores, no técnica", y ha alertado de que la construcción de negocios complementarios en el sector rústico acelerarán el "abandono" de las actividades agropecuarias.

Monzón ha indicado también que va a aumentar la inseguridad jurídica y la judicialización, ha acusado al Gobierno de "secuestrar" el debate parlamentario, y de fomentar una ley "neoliberal y desreguladora".