Condenan a la sanidad catalana y a un comadrón del Hospital Joan XXIII por aborto imprudente

  • El personal sanitario envió la madre a casa en lugar de practicarle una cesárea urgente.
  • Como consecuencia de esta decisión el feto murió asfixiado.
Plano medio la madre afectada, Mònica Ramos, con la presidenta de la asociación El Defensor del Pacient, Carmen Flores.
Plano medio la madre afectada, Mònica Ramos, con la presidenta de la asociación El Defensor del Pacient, Carmen Flores.
ACN
Plano medio la madre afectada, Mònica Ramos, con la presidenta de la asociación El Defensor del Pacient, Carmen Flores.

El juzgado penal número 1 de Tarragona ha condenado a un comadrón del Hospital Joan XXIII, por un delito de aborto por imprudencia grave, a la pena de 450 euros de multa y tres meses de inhabilitación por la muerte de un feto de 41 semanas.

El juez también ha condenado las aseguradoras del Institut Català de la Salut (ICS) a pagar una indemnización a los padres, que son vecinos de la Canonja (Tarragonès). La madre ha dado a conocer los hechos este jueves, junto con los responsables de la asociación El Defensor del Pacient, que ha llevado el caso.

Los hechos ocurrieron el 20 de septiembre de 2009, cuando la mujer acudió a urgencias con contracciones y un sangrado anormal. Aunque había indicios del sufrimiento del feto, un comadrón del centro tarraconense le dio el alta después de hacerle unas pruebas “básicas” y al día siguiente, cuando la mujer volvió al hospital, el feto había muerto asfixiado.

La sentencia afirma que el acusado actuó con mala praxis y que se tendría que haber practicado una cesárea urgente a la paciente.

La madre ha denunciado que los hechos se podrían haber evitado

Unos días antes del fatal desenlace, los controles cardiotográficos ya ofrecieron unos resultados insuficientes. Por este motivo, en caso de no originarse de forma natural, el parto se tendría que haber provocado el 22 de septiembre al considerarse “cumplido” el periodo de gestación, según la resolución judicial.

La madre ha denunciado este jueves que los hechos se podrían haber evitado si se hubiera actuado de forma más diligente. La madre ha explicado que el pequeño era muy deseado y se ha quejado del trato recibido, puesto que no le dejaron “ni cinco minutos” para despedirse de su hijo.

El padre denunció inmediatamente el caso a los juzgados y se puso en contacto con la asociación El Defensor del Pacient. El abogado José Aznar ha explicado que, después de ocho años de trámites judiciales, el comadrón reconoció los hechos al inicio del juicio oral y acabaron pactando la pena solicitada por el fiscal en un acuerdo de conformidad. La otra acusada, una ginecóloga, fue absuelta en una sentencia que ya ha acontecido firme.

Por su parte, la familia, que ha declinado hacer público el importe de la indemnización, ha considerado injusta la sentencia, que ha aplicado una atenuante de dilaciones indebidas. “A mí me han condenado a vivir con este mal eterno y yo quería una condena para ellos”, ha aseverado la madre, que se ha tenido que someter a tratamiento psiquiátrico a raíz del aborto.

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