La propuesta ha sido formulada por la portavoz de Sanidad del grupo Popular en el Parlamento autonómico Carmen Susín, y ha contado con el respaldo de Partido Aragonés, Ciudadanos y Podemos, mientras que PSOE y CHA han votado en contra.

La diputada del PP ha apelado a la responsabilidad del Ejecutivo autonómico para que "los habitantes del medio rural puedan tener una mejor asistencia sanitaria urgente y esto no va a ocurrir con el nuevo contrato que actualmente está gestionando el gobierno Lambán".

A su entender, "hay tímidos avances respecto al contrato anterior, aprobado por el PSOE en 2010, pero la realidad es que no se van a cubrir los mínimos de calidad exigibles porque los pacientes de determinadas comarcas de Aragón van a tener que esperar aún más tiempo para ser recogidos por las ambulancias".

Asimismo, ha dicho que los medios materiales "siguen sin ajustarse a las necesidades reales de un territorio tan extenso como el aragonés y todo esto se podría haber solucionado si el Gobierno de Aragón hubiera añadido seis millones de euros al contrato, tal y como propuso el Partido Popular en una enmienda al presupuesto de 2017 que fue rechazada por PSOE, CHA e IU".

CONCEPTO GLOBAL

La socialista Olvido Moratinos ha recordado que "el contrato que se suscribió en 2010 se prorrogó hasta la llegada del actual Gobierno" y ha estimado que el pliego se ha realizado con "un concepto global" que no solo tiene en cuenta este tipo de transporte, "sino todo el sistema de urgencias", además de que "incluye buena parte de las reivindicaciones de los agentes sociales y profesionales".

El diputado de Podemos, Carlos Gamarra, que han presentado dos enmiendas al texto, ha dicho que "el pliego es más que mejorable", aunque "recoge algunas iniciativas". Entre otros cambios, "se incrementan" los dispositivos de soporte básico con un solo conductor y las horas presenciales son "muy bajas" frente al aumento de las localizadas. En su enmienda, ha solicitado la implantación del recurso UME-1, en la localidad de Campo, en el plazo de 180 días.

La diputada del PAR Berta Zapater ha afirmado que todos "sabemos las deficiencias de este pliego y tenemos dudas importantes" y entre las carencias ha detallado la necesidad de cocheras para los vehículos, "que necesitan condiciones óptimas con red eléctrica" o que "Teruel va a ser la única provincia española que no va a contar con soporte vital básico de forma permanente".

La parlamentaria de Ciudadanos, Susana Gaspar, ha considerado que "falta inversión" y "se necesitan revisar los pliegos" ya que el documento "no acaba de convencer ni los municipios, pacientes, trabajadores, ni empresas". "Algo no está funcionando y para ello será necesaria aumentar la partida presupuestaria", ha sentenciado.

La diputada de CHA, Carmen Martínez, ha afirmado que "está bien aprender de los errores y mejorar servicios tan importantes como el transporte sanitario". Para la diputada, "se ha dado un paso" con el nuevo contrato "aunque siempre hay algo que mejorar".