Según ha recordado la Junta de Andalucía en una nota, en dichas jornadas participaron las patronales agrarias, las asociaciones de regantes de Córdoba y representantes políticos y técnicos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y de la propia Administración autonómica.

Entre las principales conclusiones de la jornada de junio destacan la necesidad de verificar y revisar los datos de la superficie regable de la provincia; realizar un análisis de las concesiones y asignaciones para riego que tiene la provincia; e instar desde la Mesa a que estudie la posibilidad de llevar a cabo un proceso de verificación de las concesiones que ya tienen asignadas los regantes de la provincia por parte del Organismo de Cuenca.

Igualmente, se ha acordado explorar nuevas posibilidades en el aprovechamiento agrícola del agua como pueden ser: aguas residuales, invernales, aguas de escorrentía y exigir la tramitación de los expedientes de riegos agrícolas con las suficiente garantía jurídica para los beneficiarios.

La Mesa del Regadío de Córdoba, ante las condiciones meteorológicas tan adversas que también la agricultura de la provincia está padeciendo, ha visto "más necesario que nunca", en la reunión celebrada, "la idoneidad de la existencia de esta Mesa y de seguir trabajando para lograr más regadíos eficaces y estables en la provincia cordobesa".

Todas las organizaciones agrarias presentes en la Mesa -cooperativas agroalimentarias, Asaja, COAG y UPA-, así como el delegado, coinciden en la necesidad de "fomentar los regadíos de la provincia de Córdoba como elemento estratégico y dinamizador de la economía provincial".

Cabe recordar que la provincia de Córdoba, con una superficie regable próxima a las 120.000 hectáreas, supone solo el once por ciento de la superficie de regadío del territorio andaluz, a pesar de ser el principal reservorio de la Cuenca del Guadalquivir, con cerca del 50 por ciento de la capacidad de almacenamiento de esta Cuenca en el territorio de la provincia.