Jiménez ha expresado la necesidad de compatibilizar dichas actividades con la habitabilidad de las viviendas que rodean los centros educativos, mediante la adopción de medidas adecuadas como la insonorización, de forma que también se respete el derecho de quienes participan en ellas a seguir haciéndolo.

El Área de Sostenibilidad Medioambiental ha abierto expediente a la Consejería de Educación como consecuencia de las denuncias realizadas por vecinos debido al ruido que generan sus actividades.

Tras realizar las mediciones correspondientes, en ambos colegios se superaron de forma sustancial los máximos de inmisión de ruido en fachada, establecidos por la ordenanza municipal para la Prevención y Control de Ruido, en siete decibelios en el caso del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Revello de Toro y en 15 dBA, en el del CEIP Lex Flavia Malacitana.

En este sentido, ha añadido que ambas mediciones se realizaron desde la misma fachada del edificio de los denunciantes. Los resultados suponen un incumplimiento muy grave de la normativa, penalizado con una multa que puede oscilar de 12.000 a 300.000 euros.

"La propuesta sancionadora que se ha formulado en estos expedientes recoge la cantidad mínima posible", ha señalado, al tiempo que ha añadido que la ordenanza municipal cumple exactamente con lo estipulado por el Decreto 6/12 que recoge el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, que desarrolla la Ley de Gestión de Calidad Ambiental.

Así, ha precisado que "aquí el Ayuntamiento no está actuando por su cuenta, siguiendo un interés particular ni propio, sino que está vigilando el cumplimiento de la ley autonómica que es muy clara, y no le queda otra opción porque lo contrario, sería prevaricación", ha afirmado, al tiempo que ha insistido en que "los límites de contaminación acústica están establecidos por la legislación europea, y traspuestos a la autonómica y la municipal".

DEFENSOR DEL PUEBLO

En este sentido, Jiménez ha indicado que en lo que se refiere al CEIP Revello de Toro los interesados han acudido al Defensor del Pueblo, quien ha solicitado al Ayuntamiento su intervención en este caso al que se refiere como un problema "de la máxima gravedad, dado el nivel de superación que se ha podido comprobar".

El Defensor advierte de que el denunciante "ha tenido que abandonar su vivienda" y que "la falta de adopción de medidas administrativas, puede acarrear responsabilidades de diversa índole, entre ellas las patrimoniales".

El concejal de Sostenibilidad ha explicado que durante el tiempo que ha durado la instrucción de los dos expedientes se ha dado a la Consejería de Educación un plazo de alegaciones con el fin de que se pronuncie sobre esta cuestión.

"Y en vez de defender su interés y el de los propios niños, lo único que ha hecho ha sido pasarle el escrito a las direcciones de los colegios para que se hagan cargo de resolver el problema", ha indicado Jiménez, que ha recordado que "es la Consejería la responsable de las instalaciones y de las actividades que en ella se celebran, independientemente de la hora que sea".

El edil de Sostenibiliad Medioambiental ha insistido en que la voluntad del Ayuntamiento de que colegios y entidades deportivas que utilizan las pistas lleguen a una solución alternativa al cierre cautelar, que es la medida que corresponde en el caso de una superación muy grave del nivel de ruido.

"Nuestra intención es, claramente, la de colaborar, y lo hemos demostrado en todas las reuniones de trabajo que hemos tenido sobre este asunto desde hace más de un año con los clubes y los directores de los colegios", ha precisado el concejal, que ha lamentado que el expediente haya tenido que llegar a la sanción a la Consejería.

Según ha detallado, en el caso del Lex Flavia, en estas reuniones se ha abordado la posibilidad de realizar un aislamiento acústico de la pista, "cuestión que debe realizar la Consejería de Educación".