Se trata de las empresas CulturArts, Agència Valenciana de Turisme, el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace), la sociedad Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos (Vaersa), la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE) y el Institut Valencià d'Art Modern (IVAM).

El auto, con fecha 19 de junio y notificado a las partes este pasado viernes, toma en consideración la queja de la FPSP de UGT-PV al TSJCV para que las empresas hicieran públicas sus plantillas en cumplimiento de la Ley de la Función Pública, dado que el plazo abierto inicialmente venció en marzo de este año.

De esta forma, ahora las compañías públicas disponen de hasta el lunes 3 de julio para presentar sus RPT y deben, según el fallo, "acreditar las actuaciones que están siguiendo en orden a la ejecución de la sentencia", firme desde enero de 2017.

La resolución también desestima las alegaciones de la Abogacía de la Generalitat de que todas las empresas habían publicado sus plantillas a excepción de CulturArts.

Además, incide en la alegación de la FSP de UGT-PV de que el secretario autonómico de Cultura, Albert Girona, dijo en un medio de comunicación que "se publicarían cuando se pudiera" y "seguramente, no en esta legislatura", en lo que la sala ve "una actitud abyecta".

UGT-PV DICE QUE ALGUNAS NO ESTÁN "NI NEGOCIADAS"

En declaraciones a Europa Press, el secretario de Administración y Justicia de la FSP de UGT-PV, Gonzalo Fernández, ha subrayado al respecto que "solo EIGE y el IVAM" han hecho públicas sus plantillas y que "en muchos sitios, ni han empezado a negociarlas". "CulturArts la ha empezado pero no es capaz de cerrarla", ha ilustrado.

En cualquier caso, ha insistido en que "la sentencia es clara", dado que establece que la normativa actual, la ley del sector público valenciano, "no contempla la necesidad de un pacto con los representantes de los trabajadores" para el diseño de las RPT.

Si las empresas requeridas no presentan sus plantillas, el secretario sindical ha advertido que "incurrirían en irresponsabilidad al tribunal", lo que podría conllevar una sanción no económica por desobediencia a una resolución judicial.

Para la FSP de UGT-PV, los diez días de plazo son insuficientes para que las empresas que no han iniciado el proceso puedan presentarlo, por lo que tienen la intención de presentar dentro de 20 días un incidente de ejecución de sentencia, con el objetivo de que el TSJCV "proceda a identificar qué personas son las responsables y empiece a depurar responsabilidades".