Las que fueron rechazadas hacían referencia a datos que ya estaban disponibles en el Portal de Transparencia, requerirían de un proceso de reelaboración o colisionaban con la ley de protección de datos. De las 153 admitidas, 127 fueron resueltas con acceso total a la información, 23 tuvieron acceso parcial y 3 fueron denegadas.

Los asuntos más recurrentes se refieren a subvenciones, contratos, retribuciones de directivos de empresas públicas, recursos humanos y proyectos de obras públicas.

Así lo indican desde el Ejecutivo autonómico en nota de prensa, explicando que, con la renovación del acuerdo, el organismo estatal seguirá encargándose de la resolución de las reclamaciones que la ciudadanía presenta "cuando considera que las administraciones públicas no han cumplido con las obligaciones que marca la legislación en materia de publicidad activa".

Respecto a la actividad propia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en el último año y medio ha recibido 40 reclamaciones procedentes de Asturias, 26 en 2016 y 14 este ejercicio. De ellas, 14 correspondieron a asuntos de la Administración autonómica; 16 a entidades locales y 10 a otros organismos. En cuanto a las reclamaciones resueltas, de los 26 expedientes recibidos el año pasado el organismo público atendió 16 de manera total o parcial (65,3%), desestimó 6 e inadmitió 3 requerimientos.

Para el cumplimiento de la Ley estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, en lo relativo a su capítulo III 'Derecho de acceso a la información pública', el Gobierno de Asturias ha llevado a cabo "la creación de un registro de solicitudes de acceso; y la coordinación con todas las consejerías para establecer el procedimiento mediante el que deben resolverse las solicitudes".

Ha desarrollado también, según indica, "la redacción y publicación de una ficha de servicio en la sede electrónica del Principado, enlazada también desde el Portal de Transparencia, para facilitar un canal de comunicación a la ciudadanía; la publicación en el Portal de Transparencia de datos acerca del derecho de acceso a la información pública; la articulación de un procedimiento para el seguimiento de las solicitudes; y la publicación en el Portal de Transparencia de las resoluciones denegatorias íntegras".