El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Madrid ha condenado al Partido Popular a abonar 568.511 euros a Feria València por la cesión del recinto ferial para la celebración los días 20, 21 y 22 de junio de 2008 del Congreso Nacional en el que fue reelegido Mariano Rajoy.

En la sentencia, dada a conocer este lunes, se considera acreditado que ambas partes alcanzaron un "contrato verbal", sin que fuera necesario uno escrito, que estableció las condiciones del acuerdo, conforme al artículo 1262 del Código Civil, en relación tanto al espacio objeto de ocupación como a cada uno de los servicios accesorios que fueron añadiéndose al presupuesto inicial.

El PP argumentaba que el coste del espacio y de los suministros (incluida la limpieza, el servicio sanitario y el de seguridad) quedaba compensado por la publicidad que obtenía a cambio Feria València. También sostenía que no pagó porque Feria València no aportó jamás documentación que acompañara la factura porque no hubo ningún contrato ni presupuesto previo al Congreso sobre el precio a desembolsar.

Pero la jueza da la razón a Feria València y sentencia que el PP debe pagar 568.511 euros más intereses por la organización del Congreso. A su juicio, la fuerza política "está obligada a pagar por el espacio y los servicios que utilizó, sin que pueda aceptarse en ningún caso, tal y como sostiene, que la pretendida falta de concreción o de aceptación le permitan haber utilizado ese espacio y esos servicios sin pagar nada a cambio".

Rechaza por ello las alegaciones del PP respecto a que el número de metros cuadrados ocupados fue menor que el que aparece en la factura o que no deben facturarse los suministros.  La jueza expone que "en ningún momento se habló de gratuidad en la cesión del espacio o los servicios, ni tampoco de que la contraprestación por los mismos consistiera en dar publicidad al recinto ferial o a la ciudad de Valencia, habiendo quedado siempre claro que el precio se establecería conforme a las tarifas oficiales de Feria de Valencia".

Considera acreditado que todos los conceptos fueron negociados y aceptados por el entonces gerente, Cristóbal Páez, y constan en la factura. La aceptación que se producía siempre tras una primera solicitud de Páez, el posterior presupuesto transmitido a veces de forma verbal y a veces por escrito, y la posterior y final aprobación verbal de Páez, recalca. Contra la sentencia cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid.