El juzgado de Instrucción número 22 de Madrid investiga al despacho de asesoría financiera y fiscal Equipo Económico, fundado por el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, por beneficiarse en 2012 de la adjudicación a dedo de un supuesto contrato ficticio de 216.000 euros elaborado por el Consejo Superior de Cámaras de Comercio.

Así lo ha decidido la juez titular después de aceptar la querella presentada en abril por la Fiscalía Anticorrupción, que sospecha que detrás de este procedimiento existe prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y falsificación documental.

El objeto del mismo (el análisis de la nueva normativa de Cámaras de Comercio) nunca se llevó a cabo, según la querella, porque lo que se buscaba, en realidad, era pagar a los socios de Montoro por intermediar ante el Ministerio de Economía y favorecer los intereses de las Cámaras. A pesar de que el contrato ascendía a más de 200.000 euros, Equipo Económico solo recibió el primer plazo, de 90.000 euros.

Entre los querellados figuran un hermano del ministro, Ricardo, y el expresidente del Consejo Superior de Cámaras, Manuel Teruel, que serán llamados a declarar.

Anticorrupción mantenía abiertas diligencias de investigación sobre la actividad de esta consultora por un posible delito de vulneración de la Ley de Contratos del Estado.

El propio Montoro señaló que cuando en 2008 abandonó el despacho que había fundado dos años antes —Montoro y Asociados, que después pasó a denominarse Equipo Económico—, la consultora no había contratado con ninguna administración. "Oiga, que lo fundé, pero allá quien esté a su cargo ahora", se excusó en ese momento.

Entre los que forman o formaron parte del gabinete estaban cargos del equipo de Rodrigo Rato durante los gobiernos de José María Aznar como Ricardo Martínez Rico, exsecretario de Estado de Presupuestos y Gastos; Luis de Guindos, exsecretario de Estado de Economía y hoy ministro de Economía; José Manuel Fernández Norniella, exsecretario de Estado de Comercio y condenado por las 'tarjetas black' de Cajamadrid; Salvador Ruiz Gallud, exdirector general de la Agencia Tributaria; y Gonzalo Solana, expresidente del Tribunal de Defensa de la Competencia.