La Fiscalía pide de uno a siete años de cárcel para cinco agentes antidisturbios de los Mossos d'Esquadra por supuestamente haber agredido a tres personas en una de las manifestaciones en contra del centro 'okupado' de Can Vies, en el barrio barcelonés de Sants, en mayo de 2014.

En un escrito de acusación presentado ante el Juzgado de Instrucción 14 de Barcelona, la fiscal acusa a los agentes Francisco Javier G., Jesús Antonio Z., Daniel M. y David V. de delitos contra la integridad moral y lesiones y, al mando del operativo policial, Luis Miguel V., sólo del primero de estos delitos.

Fue la noche del 27 de mayo de 2014, en un contexto en el que algunos se dedicaron a cruzar contenedores a modo de barricadas, incendiar contenedores y lanzar objetos contra la policía, aunque no consta que participasen las víctimas de las supuestas agresiones de los mossos.

Los tres jóvenes, junto con otros vecinos y una periodista, estaban ante el portal del número 10 de la plaza de Sants y, todos ellos, al ver que los mossos comenzaron a correr hacia ellos, se metieron rápidamente en el edificio.

Los agentes acusados accedieron bruscamente al edificio y cerraron la puerta, pero, al identificar a la periodista como tal, por llevar el brazalete de prensa, la echaron del portal, según el escrito.

En este contexto sucedieron las supuestas agresiones: Jesús Antonio Z. y Francisco Javier G. comenzaron a golpear repetidamente en brazos, piernas y manos a uno de los jóvenes que se intentaba proteger acuclillándose en el suelo y cubriendo su cabeza con los brazos.

Daniel M. y David V. golpearon con sus porras a otra de las víctimas en la pierna, provocando que cayera al suelo, donde continuaron asestándole golpes, impactando uno de ellos en la cabeza, y estos dos mismos policías goleparon en el brazo a otro de los jóvenes cuando estaba de pie: le dieron en el hombro, tórax y un último golpe en la cabeza.

Según la fiscal, el mando del operativo, Luis Miguel V., presenció las agresiones sin hacer nada por impedirlas ni recriminar las conductas a sus subordinados; luego, dio la orden de desalojar el portal y, una vez fuera, los jóvenes no fueron identificados ni los policías redactaron atestado alguno.

La fiscal pide siete años de cárcel para Daniel M. y David V. -por dos delitos contra la integridad moral y dos de lesiones cada uno de los agentes-, tres años y medio para Francisco Javier G. y Jesús Antonio Z. -por un delito contra la integridad moral y uno de lesiones para cada policía- y un año para el mando del operativo, Luís Miguel V. por uno contra la integridad moral.

La fiscal reclama la inhabilitación especial de los agentes durante dos años y tres meses como funcionarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad de las administraciones estatal, autonómica y local, además del pago de diversas cantidades a las víctimas como responsabilidad civil.

La abogada de los jóvenes ofrece un relato de los hechos muy similar al de la fiscal, y hace hincapié a que las víctimas eran ajenas a los incidentes que se estaban produciendo tras la manifestación y asegura que estaban esperando a que la situación se calmase para volver a casa

En su escrito de acusación, pide penas superiores a las que reclama la Fiscalía, y que se mueven entre los nueve años y los cuatro años y medio de cárcel para los agentes acusados.