El Tribunal de Justicia de la UE dictará sentencia el próximo 13 de julio sobre el incumplimiento de España durante años en el asunto de la estiba, que finalmente quedó resuelto el pasado 18 de mayo al aprobarse en el Congreso, a la segunda, el real decreto con la reforma que pedía Europa.

El Gobierno español se enfrenta a una cuantiosa multa, solicitada por la Comisión Europea: 27.522 euros por cada día que haya persistido la infracción desde la primera sentencia condenatoria, de 11 de diciembre de 2014, hasta la adopción definitiva de las medidas; en total, unos 25 millones de euros. Se trata, por tanto, de un doble incumplimiento.

De la sanción que, en principio, sí se libraría nuestro país es de la que pide 134.107,2 euros al día desde la inminente sentencia del próximo 13 de julio hasta la adopción de la reforma para cumplir con la sentencia de 2014; al haberse producido ya con la aprobación del real decreto, no tendría aplicación.

La Justicia europea dictaminó en 2014 que España estaba llevando a cabo una "restricción a la libertad de establecimiento" en el sector de la estiba y que, por tanto, eso contravenía la normativa comunitaria.

No obstante, a pesar de que el Gobierno logró sacar adelante el real decreto, el conflicto con los estibadores está lejos de haber terminado. Este mismo martes, los sindicatos suspendieron una huelga prevista para el 29 de junio al ser convocados por la patronal a una nueva reunión de la comisión negociadora.

La continuidad de los paros convocados para los días 30 de junio y 3, 4, 6 y 7 de julio dependerá del resultado de dicha reunión, no obstante, la CETM, sindicato mayoritario, mantiene la huelga del día 29 exclusivamente entre las 13 y 14 horas y las 19 y 20 horas.

Los sindicatos que representan a los estibadores, que además de la CETM son CCOO, UGT, CIG (Confederación Intersindical Gallega) y CGT, esperan que la reunión sirva para continuar con el proceso de negociación.