El juzgado de lo Mercantil número 9 de Madrid ha admitido a trámite la demanda colectiva contra Santander, CaixaBank, Bankia y Banco Sabadell, interpuesta por la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), que reclama la anulación de la cláusula de gastos hipotecarios y la restitución de las cantidades. El magistrado ha habilitado los dos próximos meses para que los consumidores que suscribieron una hipoteca con alguna de las cuatro entidades bajo tales condiciones se sumen al procedimiento. Por razones de interés social y la naturaleza misma de la controversia ya se ha personado la Fiscalía de Madrid.

El objetivo de la demanda es obligar a los bancos a que cesen en la aplicación de estas cláusulas y devuelvan, además, todo el dinero percibido de forma indebida. En concreto, se reclama los costes de notaría, registro de la propiedad, impuesto de actos jurídicos documentados, verificación de la situación registral, tasación y gestoría, y amplía el espectro de acción no sólo a los gastos iniciales de constitución de hipoteca, sino también a los de su modificación, subrogación y cancelación.

Según los cálculos de la asociación, unos ocho millones de consumidores se han visto perjudicados por lo que consideran un "abuso" de la banca, que carga sobre sus clientes una serie de gastos que, por su propia naturaleza, no podrían repercutir sobre el particular. El desembolso medio lo cifran en "2.000 ó 3.000 euros".

En diciembre de 2015, la sala de lo Social del Tribunal Supremo ya declaró abusivo que los clientes tuvieran que afrontar, obligatoriamente y sin negociación previa, todos los gastos en una sentencia contra BBVA, a la que, sin embargo, no condenaron a restituir las cantidades recibidas en este concepto.

Además de esta demanda, Asufin ha interpuesto otras dos contra Bankinter, Banco Popular, Banco Pastor, Abanca, Kutxabank, Deutsche Bank, ING y Caja España, que posteriormente ampliará contra entidades como Liberbank, Ibercaja o Cajamar para dar cobertura a unos afectados que apuestan por la vía judicial "no ya por cuestión de dinero, sino de justicia".

Según los cálculos de Asufin, de haber un veredicto favorable podría suponer para la banca un desembolso de cerca de 1.500 millones de euros, aunque para ello el Tribunal Supremo deba antes sentar en pleno una doctrina que vincule a todos los juzgados y reconozca el derecho de los consumidores a ser resarcidos.