Guillén se ha reunido este miércoles con las asociaciones relacionadas con la memoria histórica que han participado en la elaboración del texto que se convertirá en Proyecto de ley dentro de 20 días para su posterior remisión a las Cortes de Aragón donde se llevará a cabo la tramitación parlamentaria.

En este proceso de elaboración se han recibido unas 600 alegaciones de las que el 68 por ciento se han aceptado; un 22 por ciento se han denegado y parcialmente se ha aceptado un 10 por ciento, ha detallado Guillén.

"Este proceso de participación en las tres provincias ha sido un ejercicio de inteligencia colectiva, en un contexto de crítica, pero muy constructivo, como tiene que ser para mejorar el texto legislativo", ha enfatizado Guillén, quien ha subrayado que cualquier forma de coordinación desde la plena autonomía de los colectivos "será mucho mejor para la intercomunicación positiva con la administración para que haya una participación activa en el proceso de consulta y la toma de decisiones".

En declaraciones a los medios de comunicación, Guillén ha recalcado que "se ha mejorado cualitativamente el contenido de la ley" con las aportaciones de los colectivos implicados y ha explicado que el Consejo de Gobierno aprobará este proyecto de ley el 18 de julio porque "es un símbolo" ya que es el día del alzamiento nacional, la fecha en la que empieza el sufrimiento para mucha gente.

Hasta su ese día, el texto seguirá su procedimiento y el Consejo Local de Aragón informará del anteproyecto de ley y también los servicios jurídicos para llevar a aprobación por el Consejo de Gobierno "esta ley tan esperada y por gente que ha sufrido por este hecho tan luctuoso".

Los símbolos también se plasmarán cuando el proyecto de ley se lleve a las Cortes de Aragón y se invitará a las asociaciones memorialistas porque "son los verdaderos artífices" de este fututo texto legal.

ASPECTOS

Guillén ha indicado que entre las líneas de actuación en las que se trabajará figura la supresión de cualquier simbología franquista en lugares públicos y ha recordado que ya se lleva a cabo en el conjunto de España con la Ley de memoria histórica.

En este sentido ha destacado la supresión de un símbolo falangista en Castelserás (Teruel) que tras retirarse se volvió a reponer por "gente afín a Falange" y ha aseverado que "intentaremos que desaparezca con la nueva ley para fomentar la cultura en la que democracia siempre por encima de sistemas dictatoriales".

Desde el punto de vista educativo, Guillén ha contado que se plasmará en los curricula para que los alumnos "reciban enseñanza de paz, tolerancia y entendimiento para imbuirle en el espíritu pacifista y no vuelva a ocurrir lo que pasó en España".

SANCIONES

Precisamente, el miembro del gabinete de la Presidencia del Gobierno de Aragón, Víctor Lucea, ha precisado que un importante bloque de las alegaciones atañen al ámbito educativo y "sale reforzado el currículum escolar y la formación no solo del alumnado, sino de los profesores". Además, la labor de vigilancia de la administración "hay una innegable mirada a las víctimas" como las exhumaciones, reparación y reconocimiento que se incluyen en la ley.

Víctor Lucea ha detallado que por la experiencia de las entidades memorialistas el texto se ha enriquecido notablemente "como el acceso a los terrenos para exhumar o la casuística que ha sido detallada en el proceso de presentación de alegaciones".

De forma sintética ha dicho que "es un paso adelante, seguramente imperfecto porque siempre será necesario volver sobre ellas, pero se avanza", ha confiado.

Ante posibles casos de apología del franquismo, Lucea ha informado de que "se puede instar al Gobierno de España a que actúe" ante los delitos de odio o cualquier forma de manifestación que utilizando el derecho de expresión denigre o humille a las víctimas.

En el texto de la futura ley hay un régimen sancionador que se puede aplicar, "sobre todo en lo tocante a la simbología franquista y la retirada de elementos simbólicos". Víctor Lucea ha aclarado que el proceso que se puede aplicar será administrativo y "además de multas pecuniarias se pueden aplicar penas vinculadas a la no concesión de subvenciones que dependan el Gobierno de Aragón", ha concluido.