La mayoría del Congreso ha votado este jueves a favor de la reprobación del ministro de Hacienda y Función Pública Cristóbal Montoro con 197 votos a favor, 135 en contra y 5 abstenciones, por la amnistía fiscal aprobada hace cinco años por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Mientras el PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC, el PDeCAT o Compromís se han unido para votar contra el ministro, el PNV se ha abstenido.

El gesto del Congreso contra el ministro popular llega por haber beneficiado a los defraudadores con la amnistía fiscal aprobada en 2012 y que ha sido a comienzos de este mes declarada inconstitucional.

La votación se ha producido después de que esta semana se debatiera una moción consecuencia de la interpelación socialista que recordaba la sentencia del Tribunal Constitucional que declara nula la disposición adicional primera del Real Decreto que aprobó la amnistía fiscal.

Esta moción afirmaba que la amnistía fiscal benefició a los defraudadores, vulnerando principios constitucionales, mientras se incrementaba de forma notable la carga impositiva de los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales.

Además, incidía en que el ministro actuó en contra de los principios de justicia del sistema tributario y de su deber de promover la conciencia fiscal entre los españoles.

El PNV ha justificado su abstención por "coherencia" ya que la amnistía fiscal no fue aplicada en las haciendas forales y en temas fiscales los nacionalistas vascos prefieren "no interferir".

Se trata del segundo ministro rechazado por el legislativo estando en ejercicio, tras la reprobación del también popular Rafael Catalá, ministro de Justicia, a quien el Congreso rechazó también a mediados de mayo.

La moción de reprobación presentada por los socialistas contra Catalá el mes pasado se debió a su "responsabilidad política directa" en el caso Lezo y en los nombramientos "a dedo" de los fiscales Maza y Moix, así como por "poner el Ministerio de Justicia al frente de una estrategia de defensa de los corruptos del PP".

Al igual que en el caso de Rafael Catalá, la reprobación Montoro tiene meramente un valor político, es decir, el ministro de Hacienda podrá seguir en su cargo y no se verá forzado a dimitir, puesto que esta iniciativa no es vinculante para el Ejecutivo, de manera que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no está obligado a cesarle.

En octubre de 2016, el Partido Popular tuvo que encajar otra reprobación en sus filas. En aquella ocasión fue contra el que había sido ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, debido a lo que la Cámara estimó una actitud "antidemocrática", por sus conversaciones con el exjefe de la Agencia Antifraude de Cataluña Daniel de Alfonso. Todos los partidos salvo el PP reprobaron entonces a Díaz. No obstante, Díaz ya no ejercía el cargo de ministro cuando fue reprobado y el PP se encontraba en un Gobierno en funciones.