El Gobierno ha subido este lunes por primera vez en cuatro años el techo de gasto, una cifra que mide el límite de gasto no financiero que las finanzas públicas pueden abordar durante un ejercicio. El tope para 2018 será de 119.834 millones de euros, un 1,3% más que el año pasado. "Por fin el techo de gasto aumenta, poco pero aumenta", ha presumido este lunes el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

En teoría, esos 1.497 millones extra deberían suponer una alegría para el país, pero no todos están de acuerdo con la subida. Los tres principales partidos de la oposición la consideran insuficiente. Unos, como PSOE y Podemos, la rechazan de plano y la consideran "antisocial". Ciudadanos también se muestra en contra pero deja la puerta abierta a un acuerdo si se enmienda con una rebaja impositiva del IRPF.

"Cabe la solicitud de Ciudadanos, la estamos estudiando y esperamos sentarnos esta semana con ellos para precisar las condiciones y premisas de esa bajada", ha explicado Montoro durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que se ha tramitado este nuevo techo.

Montoro se ha mostrado "seguro" de llegara un acuerdo con el grupo liderado por Albert Rivera para validar el techo de 2018 y "con aquellos que apoyaron los presupuestos de este año". Es decia, espera volver a contar con el voto naranja, canario y del PNV para salvar una cifra indispensable para elaborar los presupuestos de 2018.

En Ciudadanos no lo tienen tan claro. "No habrá más reuniones si no se comprometen a bajar impuestos", ha amenazado este lunes su secretario general José Manuel Villegas, que pide a Montoro que se deje de "excusas" y de estrategias electorales para 2019, un año con comicios autonómicos y locales. Es decir, la "zanahoria" que dijo el ministro de Hacienda que reservaba para futuras negociaciones.

Ciudadanos piden al Gobierno que "devuelva a la clase media y trabajadora los esfuerzos realizados" en la crisis y que lo haga ahora, aprovechando que España volverá a crecer al 3% este año, según ha augurado el ministro De Guindos tras revisar el cuadro macro.

Montoro no niega la rebaja, así que el juego puede centrarse en la cuantía. Ciudadanos ve una horquilla de entre 2.000 a 3.000 millones. El ministro no valora cantidades, pero cree "fundamental" que España reduzca el déficit de 2018 al objetivo del 2,2% —desde el 3.1% actual— y que "no existan dudas en Europa" de que se logrará. "Sería un punto de inflexión porque saldríamos diez años después del procedimiento de déficit excesivo", defiende.

Dejar de estar bajo la lupa comunitaria no es argumento suficiente ni para PSOE ni para Podemos, que votarán contra el techo de gasto anunciado por Montoro. "Compartimos las razones del Bruselas para cumplir el déficit, pero no cómo quiere conseguirlo el PP", dice el secretario de organización socialista José Luis Ábalos. Los socialistas votarán en contra, todo un giro respeto a su voto favorable de diciembre para el techo de este año.

Según Ábalos "el PP aplica con ese techo su ideología conservadora, absolutamente antagonista con la  socialdemocracia" y les acusa de recortar gasto "porque se renuncia a incrementar los ingresos", provocando así "una sociedad más desigual", un estado social "reducido al mínimo" y un cumplimiento del déficit recortando en educación, vivienda, salud, innovación e investigación. "Es decir, lo necesario para que un país siga avanzando".

El PSOE coincide con Ciudadanos en que el crecimiento debe revertir sobre los trabajadores porque están "pagando el grueso de impuestos", pero acusa a los naranjas de "alimentar esperanzas" con su idea de bajar el IRPF. "Queda bonito  bajar impuestos, pero la pregunta es como piensan pagar las pensiones o las ayudas de desempleo", matiza Ábalos.

La coportavoz de Podemos, Noelia Vera, ha insistido por su parte en el voto contrario de su partido al techo de gasto y confía en que esta vez el voto de Pedro Quevedo (Nueva Canarias) —diputado adcrito al grupo socialista— no sea favorable al Gobierno, como sucedió cuando se abstuvo con los Presupuestos de 2017. Sin su voto, el PP se quedaría sin mayoría.

"Las costuras no se aguantan más. No se puede ajustar más el gasto y no se pueden cuadrar las cuentas descuadrando la vida de las personas", ha añadido Guillermo Fernández Vara, presidente del consejo de política territorial del PSOE. "Bajo ningún concepto contribuiremos a caminar hacia estados sociales mínimos, que son los que el PP quiere y los que ha perseguido toda su vida".

Vara considera que "no tiene ninguna justificación" que el Estado se haya adjudicado una reducción del déficit menor (0,36 puntos) que a las regiones (0,5), que soportan los gastos de sanidad y educación. "El Gobierno de España no puede repartir y quedarse la mejor parte", ha añadido su compañero de partido y presidente de la Comunitar Valenciana, Ximo Puig.

Administración central, ayuntamientos y regiones alcanzarían el equilibrio presupuestario conjuntamente en 2020 y sus superávits —"los habrá pero no los podemos presupuestar porque no lo permite la ley", dice Montoro— enjugarían el agujero fiscal que seguirá mostrando ese año la Seguridad Social (-0,5% del PIB, unos 7.000 millones). "Este organismo es el gran perjudicado por las políticas del Gobierno y está en juego la viabilidad del sistema de pensiones de este país", lamenta Ábalos.

La base de todos los cálculos anteriores es el crecimiento económico. Economía ha actualizado su previsión del 2,7% y la ha elevado tres décimas, hasta el 3%. "Es una revisión prudente y muy inferior a la que realiza el resto de analistas", ha explicado en rueda de prensa el ministro Luis de Guindos. "Es muy alcanzable y es difícil que estemos por debajo", ha remarcado el titular económico del Gobierno.

También se eleva una décima la previsión del año que viene —del 2,5% al 2,6%— y se mantendrá en torno al 2,5% hasta 2020, algo que según Guindos permitirá a España "alcanzar los 20 millones de trabajadores en 2019  y un año después superar el nivel de empleo que había antes de la crisis. Para ese año 2020 la tasa de paro sería del 11%. Una reducción de 16 puntos respecto a la que existía en 2013.