El Consejo de Ministros aprobó este lunes un real decreto por el que se desarrolla la Ley de 2015 que regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral. El objetivo del Ejecutivo es regular el sistema de formación profesional para el empleo con el objetivo de extender una formación entre los trabajadores "que mejore la empleabilidad y el desarrollo personal y profesional". El Gobierno lo ha hecho de manera unilateral, sin contar con patronal y sindicatos, que ya han expresado su sorpresa y disgusto.

El Ejecutivo creará un calendario plurianual que responda a las necesidades formativas de los ocupados y apunta que este decreto también irá orientado al 51% de los parados estructurales en España que no acabó la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), según palabras de la ministra de Empleo, Fátima Báñez.

El real decreto aprobado tiene como finalidad desarrollar la Ley, en concreto la regulación de las iniciativas y programas de formación profesional para el empleo, los requisitos y límites de las acciones formativas, sus destinatarios y la forma de acreditación de las competencias adquiridas por los trabajadores. Además, incorpora el desarrollo del nuevo sistema integrado de información que permitirá disponer de una información "completa, actualizada permanentemente y verificable" de las actividades formativas desarrolladas en todo el territorio nacional, que permitan su trazabilidad, y que desemboca en la "cuenta de formación" regulada en la Ley de Empleo.

Esta nueva norma regula el funcionamiento y financiación de las estructuras paritarias sectoriales creadas por la ley, que constituyen los referentes sectoriales estatales de la formación profesional para el empleo, en la detección de necesidades y en el diseño, la programación y la difusión de la oferta formativa para trabajadores ocupados. En concreto, prevé que la Comisión Estatal de Formación para el Empleo asuma nuevamente las funciones del Consejo General del Sistema Nacional de Empleo en materia de formación profesional para el empleo, reguladas en la ley de 2015.

Respecto al cheque formación, establece requisitos y condiciones que deberán cumplirse para el disfrute por los trabajadores desempleados de este cheque y establece que las comunidades autónomas, previa consulta a las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, podrán ponerlo en marcha en el ámbito de actuación de sus competencias, dando cuenta a la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.

Los gastos derivados del real decreto serán financiados por las administraciones públicas competentes en su gestión, a través de sus respectivos presupuestos. En el presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para el año 2017 se prevé la existencia de 1.086 millones de euros destinados a financiar iniciativas de formación dirigidas a trabajadores ocupados, y 897 millones para la formación de desempleados.

El Gobierno ha reformado el sistema de formación profesional, pero lo ha hecho de manera unilateral, sin contar con patronal y sindicatos. La reacción de ambos ha sido parecida. UGT cree que el Ejecutivo "ha burlado" el diálogo social y la CEOE habla de ruptura de la negociación.

El sindicato afirma que "no ha podido exponer sus propuestas para mejorar la gestión, financiación y evaluación del sistema porque la mesa de diálogo social solo se ha convocado en dos ocasiones y, por lo tanto, no se ha participado en la redacción del Real Decreto, como asegura el Gobierno". UGT exige al Gobierno que se siente a negociar para consensuar un sistema de formación que sea "útil y beneficioso" para las empresas, los trabajadores y el tejido productivo.

Por su parte, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) cree que la acción del Gobierno es "una ruptura unilateral de la negociación por parte del Ejecutivo en materia de formación". La patronal ha destacado que la aprobación del decreto se ha realizado cuando "ni siquiera" han comenzado los trabajos de la mesa de diálogo social, y ha recordado que en febrero el Gobierno abrió cuatro mesas de diálogo social con empresarios y sindicatos, entre las que se encontraba la mesa de formación.