La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado penas de entre 62 años y seis meses y 12 años y seis meses de cárcel para los ocho detenidos por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en octubre de 2016 en la localidad navarra de Alsasua. Entre todas las penas suman 375 años. El Ministerio Público pide además que indemnicen a las víctimas con 41.100 euros.

En el escrito de acusación, el fiscal José Perals pide que a siete de los ocho procesados se les condene por cuatro delitos de lesiones terroristas y reclama 12 años y medio de cárcel por cada uno de estos delitos, lo que suma un total de 50 años. Se trata de Ohian Arnanz Ciordia, Jokin Unamuno Goicoetxea, Jon Ander Cob Amilbia,  Julen Goicoechea Larraza, Adur Ramírez de Alda Pozueta, Aratz Urrizola Ortigosa e Iñaki Abad Olea.

A Ohian Arnanz Ciordias le atribuye además un delito de amenazas terroristas y pide para él otros 12 años y medio de prisión, hasta los 62 años y seis meses.

Para la octava procesada, Ainara Urquijo Goicoechea, Perals pide únicamente 12 años y medio por un delito de amenazas terroristas.

En su escrito de acusación, el representante del ministerio público plantea unas penas alternativas, de entre 18 y 30 años y medio de prisión, para los siete primeros acusados.

En concreto pide subsidiariamente un total de 30 años de cárcel para Arnanz Ciordia por desórdenes públicos terroristas (8 años), atentado a agentes de la autoridad (2 años), cuatro delitos de lesiones no terroristas (8 años) y amenazas terroristas (12 años y medio).

Para los otros seis reclama, de forma alternativa, 18 años y medio, apreciando los mismos delitos, excepto el último de amenazas terroristas.

Perals también pide para los ocho acusados veinte años de inhabilitación absoluta y cinco años de libertad vigilada.

EH Bildu ha mostrado su "más absoluto rechazo" a la petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. La coalición abertzale la considera "un despropósito absoluto, una desproporción sin ningún sentido", que "no responde sino a un montaje policial, judicial y mediático con base en determinados intereses políticos".

La formación abertzale expresa su apuesta por "la normalización y la convivencia" y denuncia que el tratamiento que se está dando a este caso "va justamente en la dirección contraria".

Tras manifestar su apoyo y solidaridad a las personas afectadas "por esta desproporcionada petición fiscal", EH Bildu reitera la exigencia de inmediata puesta en libertad de los tres jóvenes que continúan encarcelados y "el fin de la amenaza judicial para todas las personas encausadas".

En sentido opuesto, el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, ha expresado "respeto absoluto" hacia la petición de penas. Nieto ha pedido que se respete a los agentes de los cuerpos de seguridad, "de la misma forma que ellos respetan a los ciudadanos" de todos los territorios.

"Si eso es así, no habrá ningún incidente", ha resumido. Ha preferido no opinar sobre si le parecía adecuada la petición de la Fiscalía y se ha limitado a manifestar el respeto del Gobierno y el Ministerio del Interior hacia la decisión.

El secretario de Estado ha lamentado que por un "capricho radical" de algunas personas se llegue a estas situaciones de violencia, pero ha confiado en que "no se vuelvan a registrar incidentes como los de Alsasua".

Los hechos ocurrieron el 15 de octubre de 2016 durante las fiestas del pueblo a la salida del bar Koxka, cuando dos guardias civiles y sus parejas fueron agredidos por 40 personas entre insultos y gritos de "fuera de Euskal Herria".

El caso se empezó investigando en un juzgado de instrucción de Pamplona, que se inhibió en favor de la Audiencia Nacional por ver indicios de terrorismo en la agresión.

Los detenidos recurrieron esta decisión y la Audiencia de Navarra rechazó que fuera terrorismo, tras lo que planteó una cuestión de competencia que el Tribunal Supremo resolvió el pasado 1 de junio en el sentido de que sí hay indicios de terrorismo, por lo que el caso se quedó en la Audiencia Nacional.

Según el escrito de acusación del fiscal, estos hechos se enmarcaron en las campañas denominadas Alde Hemendik (Fuera de aquí), que buscan la expulsión de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado del País Vaso y Navarra, "influyendo de manera negativa en la calidad de vida de los miembros de la Guardia Civil, así como en la de sus familiares y amistades como paso previo a su exclusión social".

"Existe una segunda intencionalidad, que es la de crear un clima de miedo y rechazo entre los ciudadanos, instándoles de manera indirecta a no entablar ningún vínculo afectivo o de amistad o cortesía con miembros de la Guardia Civil, en un intento de aislarles socialmente", añade.