La titular del juzgado de Instrucción número 21 de València, encargada del caso del accidente del metro en el que fallecieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas el 3 de julio de 2006, ha rechazado una petición de la Fiscalía que solicitaba la prórroga de la instrucción por un plazo máximo de tres años.

En una resolución fechada el pasado 16 de junio, la magistrada Nieves Molina deniega la solicitud del Ministerio Fiscal "al estar el procedimiento incurso en una de las causas de interrupción de los plazos", en concreto la del sobreseimiento provisional de la causa, como recoge el artículo 324.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

De este modo, el plazo para una posible prescripción dejó de contar el pasado mes de mayo, cuando la magistrada decretó el archivo de la investigación. Fuentes jurídicas consultadas por 20minutos muestran su extrañeza por el plazo de tres años solicitado por la Fiscalía, cuando la ley fija una instrucción general de seis meses, y de 18 meses prorrogables por igual o inferior plazo en el caso de ser declarada causa compleja.

En la providencia, la magistrada afirma, no obstante, que en el caso de prosperar el recurso de apelación contra el archivo, podrá solicitarse nuevamente la prórroga de la investigación. La jueza daba un plazo para interponer recurso de reforma contra su decisión de negar la prórroga, que la Fiscalía finalmente optó por no presentar.

Pendiente del recurso

La investigación sobre el accidente depende ahora de la decisión que adopte la Audiencia Provincial de València, que debe decidir sobre el recurso presentado por la Asociación de Víctimas del 3 de Julio y por la Fiscalía. El pasado mes de mayo, cuando la magistrada decidió archivar la causa, apuntó que, de los informes periciales realizados durante la investigación, no se desprendían responsables penales y descartó que el siniestro se produjera por un fallo en el vagón o en la vía.

La titular de Instrucción 21 llegó incluso a achacar a la Fiscalía "falta de rigor" y uso de "datos erróneos" en el recurso interpuesto ante su juzgado por el Ministerio Público y defendió, nuevamente, la "solidez" de los informes periciales.

A mediados de junio, la Fiscalía recurrió el archivo de la causa ante la Audiencia de València. En su escrito, insistió en la petición de la práctica de nuevas pruebas que en su día fueron rechazadas por la instructora. Entre ellas, citaba nuevos informes sobre mecanismos de prevención de riesgos laborales en Ferrocarrils de la Generalitat, la aptitud del conductor del convoy siniestrado, las actas del Comité de Seguridad y los marcos de las ventanas de los vagones.

El desencuentro entre la jueza y la Fiscalía queda patente en el auto por el que la instructora confirmó el archivo, en el que detallaba que existen hasta 12 informes de distintos organismos -Inspección de Trabajo e Invassat, Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria o uno técnico policial, entre otros- y que en la causa se ha tomado declaración a 48 trabajadores de los talleres de FGV, a 21 maquinistas de la Línea 1, a cinco representantes sindicales del Comité de Seguridad, cinco policías y tres investigados.

Responsabilidad penal y política

La búsqueda de responsables a la tragedia del metro de València ha pasado por varias fases en sus dos vertientes: política y penal. Ha habido dos instrucciones judiciales, la primera de las cuales fue archivada en diciembre de 2007 por la jueza, a quien la Audiencia obligó a reabrir la investigación en enero de 2014. Del mismo modo, Les Corts realizaron una comisión de investigación exprés en el verano de 2006 que se cerró sin responsables políticos. La segunda, en 2016, señaló a 13 personas, entre ellas a Francisco Camps y a Juan Cotino.