Venezuela cumple este domingo 100 días de protestas contra el presidente Nicolás Maduro en medio de lo que se puede considerar una guerra de poder entre el Ejecutivo chavista y el Legislativo opositor, que se ha declarado en rebeldía ante un Gobierno al que acusa de haber acabado con la democracia en el país.

La Fiscalía ha elevado ya a 91 la cifra de víctimas mortales durante las revueltas y miles de personas han sido detenidas. La  oposición ha prometido intensificar las acciones de desobediencia para detener el proceso constituyente activado por Maduro, que ha convocado a las urnas el 30 de julio para elegir a los redactores de una Nueva Carta Magna.

Surgida de las elecciones de diciembre de 2015, las últimas que se celebraron en el país, la mayoría absoluta antichavista en la Asamblea Nacional (Parlamento) ve en ello un intento de "consolidar la dictadura" por parte del oficialismo.

Por su parte, el Ejecutivo y el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) dicen impulsar la nueva ley fundamental para restablecer la paz social y "fortalecer la revolución" bolivariana iniciada en 1999 por el fallecido presidente Hugo Chávez.

En la que es su principal medida para impedir el "fraude", el Parlamento ha convocado este 16 de julio un referéndum para que los ciudadanos aprueben o rechacen el proceso constituyente oficialista.

Consulta

La consulta, que ya ha sido calificada de ilegal por el jefe del Estado, preguntará también a los venezolanos si quieren la continuidad del actual Gobierno y además cuestionará por el papel de las fuerzas armadas en "la restitución del orden constitucional".

Las constantes apelaciones de diputados antichavistas a los militares para que dejen de cumplir órdenes gubernamentales han llevado al oficialismo a denunciar los "llamados al golpe" del poder Legislativo, al que culpa también de instigar ataques a bases militares y fuerzas del orden durante las marchas opositoras.

Uno de los episodios más gráficos de este choque frontal de poderes se vivió el pasado miércoles, cuando el vicepresidente del Gobierno, Tareck El Aissami, se presentó rodeado de generales a la Asamblea para conmemorar los 206 años de la independencia de Venezuela de España.

En su breve alocución, El Aissami se refirió al Parlamento como un poder "secuestrado" por una oposición a la que llamó traidora, y animó al "pueblo de pie" revolucionario a acudir a la Asamblea para "reivindicar" a los mártires frente a quienes "pretenden entregar la patria a los intereses oscuros del imperialismo".

Poco después, decenas de simpatizantes chavistas armados con palos y artefactos pirotécnicos entraban por la fuerza en los salones del Palacio Federal Legislativo y golpeaban y robaban a diputados, periodistas y funcionarios presentes.

Simpatizantes chavistas tomaron el Parlamento y siete legisladores resultaron heridos

Al menos siete legisladores resultaron heridos en un ataque condenado por numerosos gobiernos y organismos internacionales, del que la oposición responsabiliza directamente a Maduro.

A la pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo se suma el poder Judicial, cuyo máximo órgano, el Tribunal Supremo, se mantiene fiel al Gobierno y ha sido duramente criticado por los opositores por su supuesta sumisión al oficialismo.

Con dos sentencias después revocadas parcialmente, el alto tribunal levantaba en marzo la inmunidad de los diputados y asumía las competencias del Parlamento, del que los jueces dictaron que está "en desacato".

La decisión prendió el 1 de abril la mecha de las protestas, y supuso la ruptura con el oficialismo de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, que denunció el atropello constitucional que, a su juicio, suponían las sentencias y se convirtió en la voz institucional fuera del Parlamento más vehemente contra Maduro.