El Ayuntamiento de París obligará a partir del próximo 1 de diciembre a obtener un número de registro antes de que los propietarios de viviendas con fines turísticos promocionen en Airbnb el alquiler a corto plazo de un inmueble. La medida busca un mayor control de este tipo de actividad con el objetivo de evitar que los arrendatarios excedan el límite legal de alquiler de una vivienda residencial (de 120 días al año) y facilitar a las autoridades el rastreo de las propiedades que se alquilan, para así recaudar los impuestos.

La capital francesa perdió al menos 20.000 propiedades de alquiler en el mercado durante los últimos cinco años debido a la competencia de los alojamientos ofertados en plataformas como Airbnb, los cuales representan actualmente el 20% de la oferta global de alquiler de París, según ha cifrado el consistorio. Airbnb oferta en París cerca de 65.000 viviendas a través de su web y existen otras plataformas que ofrecen el mismo servicio en la ciudad.

Un equipo de 25 agentes ya proporcionan el control de los alojamientos turísticos en la capital francesa, donde el ayuntamiento de la ciudad calcula que alrededor de 5.000 viviendas incurren en infracciones. Por la presión de los hoteleros y funcionarios, desde 2015, Airbnb cobra a los visitantes en 50 ciudades el 'impuesto turístico' francés 2015. París ha seguido los pasos de otras ciudades como San Francisco, Ámsterdam o Nueva Orleans, donde se estableció un tope máximo de días en los que las viviendas turísticas podrían ponerse en alquiler al año.

El Ayuntamiento de Barcelona está intentando controlar la actividad de Airbnb y la pasada semana envió una carta a la plataforma para volver a reunirse. En la misiva, enviada desde el Área de Ecología, Urbanismo y Movilidad y desde la concejalía de Empresa y Turismo, se informa a la empresa que el consistorio ha llevado a cabo en los últimos meses "un conjunto de medidas para ordenar el alquiler vacacional en la ciudad y garantizar que cumple las leyes vigentes". El consistorio señala a Airbnb como la única gran plataforma de alojamiento turístico que sigue operando en la ciudad al margen de la legalidad catalana, que prohíbe ofrecer pisos turísticos sin licencia, y que ha rechazado formar parte de la mesa de trabajo estable con las otras plataformas de alojamiento turístico.

Desde enero de 2016 a mayo de este año, el ayuntamiento ha abierto un total de 5.909 expedientes disciplinarios por pisos ilegales, de los cuales 3.211 son sancionadores. Además, se han dictado 2.189 órdenes de cese a pisos que operaban sin disponer de la licencia correspondiente. De estos, 628 han acatado la orden, y además se han dictado 127 precintos.

En cuanto a los casos de realquiler de pisos, desde la puesta en marcha del plan de choque, en julio del año pasado, hasta 31 de mayo, el consistorio ha recibido alegaciones de propietarios diciendo que su piso estaba realquilado en 316 casos. Se trata del 10-15 % sobre un total de aproximadamente 3.000 expedientes sancionadores abiertos en este período. La mayoría de casos son en el Eixample (103) y Ciutat Vella (92), seguidos de Gracia (39) y Sant Martí (34).