La Fiscalía Anticorrupción ha mantenido este lunes los cargos contra siete miembros de la excúpula de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), a los que ha acusado de "hacer trampas" en los estados contables de 2010, que arrojaron cerca de 200 millones de euros de beneficio por operaciones "sin lógica económica".

Durante la lectura de sus conclusiones, el fiscal Luis Rodríguez Sol ha asegurado que esas "cuentas falseadas" de forma "intencionada" consolidaron una situación de "tranquilidad" en el ejercicio siguiente que ocasionó un "daño innegable" tanto al mercado como a los inversores, quienes "no habrían adquirido cuotas participativas de haber sabido que no obtendrían nada".

En este sentido, ha cargado contra los exdirectivos de la entidad por "engañar" e "inflar" el resultado con el único fin de "ganar la partida" y mejorar la liquidez, objetivo para el cual considera acreditado que los siete incurrieron en una gestión con "deficiencias críticas" que avaló operaciones sin sentido cuyos riesgos no fueron controlados.

Entre estas, ha señalado el pase de créditos fallidos a normales, estrategia que, junto a las titulizaciones, figura en uno de los correos remitidos por el ex director general y "administrador de hecho" de la caja Roberto López Abad en noviembre de 2010, en el que se hacía eco de la precaria liquidez de la CAM, que necesitaba de 300 millones de euros.

El Ministerio Público ha destacado a López Abad por ser el primer responsable de las irregularidades cometidas en el seno de la caja, así como a su adjunta, María Dolores Amorós, en tanto que ha señalado al ex director general de Riesgos Francisco Martínez como cooperador necesario al ser su departamento el encargado de ejecutar las titulizaciones y reclasificaciones de créditos investigadas.

Una acusación similar a la que formula contra el ex director general de Planificación y Control Teófilo Sogorb, quien "conocía las cuentas perfectamente como experto que era" y, además, autorizó unas retribuciones de 47,3 millones para el equipo directivo que "nunca deberían haberse percibido de haberse reflejado los resultados reales".

De este modo, acusa a los cuatro de un delito de falsedad contable continuada y de estafa, por lo que mantiene su petición de siete años y medio de cárcel, una solicitud que baja hasta el año y dos meses en el caso de los exdirectores de Financiación y Gestión de Liquidez y de Información Financiera Juan Luis Sabater y Salvador Ochoa.

Sobre el ex director general de Recursos Vicente Soriano, que se enfrenta a diez meses de cárcel, el fiscal ha reconocido que su participación fue más limitada que la del resto, si bien lo continúa creyendo "cómplice" de la estafa; tampoco ha variado su postura en relación al expresidente de la CAM Modesto Crespo, contra el que no ejerce cargos.

La Fiscalía ha pedido también que los acusados abonen las indemnizaciones tanto a los inversores de cuotas participativas entre el 1 de marzo y el 22 de julio de 2011, fecha en la que la CAM fue intervenida por el Banco de España, así como a Banco Sabadell, que, no obstante, podría tener que hacer frente a una posible responsabilidad civil extracontractual.