El juez del caso Lezo, Manuel García Castellón, ha tomado este miércoles declaración durante un par de horas, a petición propia, al expresidente madrileño Ignacio González. La Fiscalía ha solicitado el mantenimiento de la prisión incondicional, mientras que el reo no ha solicitado libertad.

González se ha limitado a dar su versión sobre los hechos que se le imputan y sobre los que ya se ha levantado el secreto; más adelante su defensa sí tiene previsto solicitar la libertad. De hecho, el expresidente ha afirmado ante el juez que en su caso no existe ningún riesgo de fuga, ni de destrucción de pruebas y "mucho menos" de reiteración delictiva.

La declaración se ha prolongado de las 11.15 horas hasta las 13.00 y fue solicitada por la defensa de González, que ejerce el abogado Esteban Mestre, porque, cuando declaró al ser detenido, ni él ni su letrado conocían los motivos que les llevaron a ingresar en prisión provisional, el pasado 21 de abril, por estar entonces toda la causa secreta.

Ahora, y con el levantamiento parcial de ese secreto, González, que ha mostrado un aspecto muy "desmejorado",  ha querido explicar su relación con las operaciones irregulares de las que se le acusa, principalmente las relacionadas con el Canal de Isabel II.

Esta ha sido su segunda declaración desde su ingreso en prisión provisional el pasado 21 de abril. La semana pasada, Edmundo Rodríguez Sobrino, también en prisión provisional, declaró durante cuatro horas ante el juez, al que no llegó a pedirle en ningún momento su puesta en libertad o la adopción de alguna medida cautelar que le permitiera ser excarcelado.

Justo antes de esa declaración, el 'hombre fuerte' de Ignacio González en los negocios del Canal de Isabel II en Sudamérica, fue trasladado de la cárcel de Soto del Real a la de Estremera después de que el juez García Castellón pidiera por escrito al Ministerio del Interior que no se facilitara la comunicación diaria entre ambos internos.

Ignacio González y Edmundo Rodríguez Sobrino son los únicos imputados en la trama de corrupción Lezo contra los que el juez Velasco dictó prisión incondicional. A Pablo González, hermano del expresidente madrileño, y a la exdirectora financiera del Canal de Isabel II María Fernanda Richmond les impuso prisión eludible bajo fianza de cuatro millones de euros.

Tras el relevo de magistrado en el Juzgado Central 6, Richmond quiso declarar voluntariamente para aportar nueva documentación sobre la compra de la empresa brasileña Emissao en 2013 y solicitar una rebaja en las medidas cautelares para poder "defenderse desde la libertad". Un día después, el juez García Castellón rebajó de cuatro millones a 100.000 euros la fianza para poder salir de la cárcel