La Comisión Europea (CE) abrió este miércoles la puerta a la activación del artículo 7 de los tratados europeos, que implicaría la suspensión del derecho a voto de Polonia en las reuniones del Consejo de la Unión Europea (UE), en respuesta a las reformas judiciales propuestas por su Gobierno.

"Estamos muy cerca de tener que activarlo", aseguró el primer vicepresidente de la CE, Frans Timmermans, en la rueda de prensa posterior a la reunión en la que se ha debatido la situación del Estado de derecho en Polonia.

Timmermans advirtió de la existencia de "un peligro sistémico para el Estado de derecho en Polonia" a raíz de las reformas al sistema judicial propuestas por el Gobierno, que tendrían "un impacto significativamente negativo".

La implantación de cualquiera de las cuatro propuestas sobre la mesa "erosionaría de forma importante la independencia de la magistratura polaca", señaló el comisario.

La CE urgió al país a "suspender" las reformas judiciales y volver a establecer un diálogo con el vicepresidente del Ejecutivo comunitario "en un intento de abordar las serias preocupaciones expresadas".

En su reunión de este miércoles, los comisarios mantuvieron una "primera discusión en profundidad" sobre los últimos acontecimientos en Polonia, sobre los que expresaron una "grave preocupación", y revisaron "las opciones legales y políticas" que podría adoptar la Comisión en calidad de guardián de los tratados europeos.

Los comisarios retomarán la conversación sobre este asunto la semana que viene, una vez se haya realizado un análisis legal completo de las propuestas legislativas polacas y recibido "observaciones" de las autoridades polacas u otras partes interesadas. Entre otras medidas, Timmermans apuntó a la posibilidad de emitir una tercera Recomendación sobre el Estado de derecho en Polonia o abrir nuevos procedimientos de infracción por violación de la normativa europea.

La CE inició en enero de 2016, por primera vez desde su instauración en 2014, el proceso comunitario para proteger las reglas del Estado de derecho en la UE, al requerir a Polonia que aclare el alcance de los cambios impulsados por el nuevo Gobierno, en especial con relación al Tribunal Constitucional.