La consejera de Hacienda del Gobierno asturiano, Dolores Carcedo, ha dejado claro que el Ejecutivo rechazará la eliminación del actual statuo quo de las comunidades que más financiación reciben (Asturias, entre ellas), si la medida no se compensa con la introducción de otras variables que recojan el coste de los servicios públicos en el futuro sistema de financiación. Además, ha mostrado la oposición de su Ejecutivo a la posible quita de deuda para algunas comunidades, por entender que puede perjudicar a las que han cumplido con los techos de déficit.

Carcedo ha ofrecido una rueda de prensa junto con Roberto Fernández Llera, el representante de la Administración asturiana en la Comisión de Expertos que está elaborando un informe técnico sobre el futuro sistema de financiación entre Comunidades Autónomas.

La Comisión celebró este miércoles su última reunión y ya ha concluido su informe, que aún tiene carácter provisional. Sobre él tendrán que debatir los representantes políticos. Este jueves

el experto y Carcedo han celebrado una reunión con representantes de los grupos políticos de la Junta General para explicar cuestiones relacionadas con el documento.

Carcedo se ha mostrado prudente hasta conocer la redacción definitiva del informe, que en principio incluiría la eliminación de dicho statu quo. No obstante, ha defendido ese estatu quo, salvo que "el informe hable de que se va eliminado progresivamente porque otras variables recogerán el coste de los servicios". En este sentido, ha añadido que todas las comunidades coinciden en que "el modelo actual es insuficiente para cubrir el coste de los servicios públicos, por lo que "necesitamos más, no podemos perder sobre la financiación actual, porque es insuficiente".

Ha añadido además que según el referido statu quo, el estado traspasaba los fondos en función de lo que costaba mantener los servicios públicos en cada comunidad, por lo que incluye "las diferencias en el gasto".

Uno de los puntos polémicos, según Llera, ha sido el endeudamiento. El experto asturiano se ha mostrado favorable a buscar mecanismos de reestructuración de esa deuda (en condiciones de préstamos o tipos de interés, por ejemplo), pero ha rechazado la posibilidad de las quitas, que sí han planteado otros representantes autonómicos.

En este sentido, la consejera ha sido tajante: "hay que analizar el endeudamiento de manera global, dentro de un órgano multilateral como el Consejo de Política Fiscal y Financiera. "No puede favorecerse a unas comunidades y perjudicar a otras", ha señalado. Ha dejado claro que no aceptarán ninguna quita que perjudique a Asturias, y ha recordado que los fondos de financiación estatales eran "fondos voluntarios, así que no pueden ser el instrumento para decidir sobre quitas de deuda".

Por otra parte, Llera ha señalado que existe consenso en varios aspectos, entre ellos la armonización de un tipo mínimo común de tributación en los impuestos de Sucesiones y Patrimonio para todas las Comunidades Autónomas. También ha habido un acuerdo general al respecto de la necesidad de reforzar los mecanismos de compensación y el Fondo de Compensación Interterritorial, que actualmente cuenta con 400 millones y del que Asturias actualmente percibe unos 13.

CRÍTICAS DE LA DERECHA

Tras la comparecencia de Carcedo y Llera, han realizado declaraciones los representantes de los partidos de la oposición. Muy molestas se han mostrado Emma Ramos, del PP, y Cristina Coto, de Foro Asturias, por entender que Llera no ha acudido a Madrid a defender los intereses de Asturias.

Han criticado que no exista un cálculo del coste de los servicios públicos en la comunidad, y que el experto no haya realizado propuestas concretas en función del mismo. Según Ramos, todo parece indicar que el informe no recogerá las variables que afectan a las comunidad, tales como dispersión, envejecimiento de la población y orografía, y ha reprochado que ni Carcedo ni su representante hayan sabido decir si Asturias saldrá o no beneficiada en el informe.

Coto ha asegurado que Llera les ha dicho en el encuentro que "si nos quedamos como estamos no estaría mal", motivo por el que ha mostrado su "preocupación". Ha rechazado la "falta de ambición" del presidente autonómico, Javier Fernández, porque "a Madrid hay que ir con criterios rigurosos".

Emilio León, de Podemos, ha defendido, entre otras cosas, la equiparación de los costes de la educación, la sanidad y la dependencia en las comunidades autónomas y la universalización de la educación de 0 a tres años. Ha criticado que tanto PP como PSOE no cuestionen la "escasez de recursos", y que finalmente el debate sobre el modelo de financiación se convierta en "una competencia por esos recursos escasos".

El diputado de IU, Ovidio Zapico, se ha limitado a demandar que el informe final recoja una "financiación suficiente" de los recursos públicos, así como la eliminación de los "paraísos fiscales" que constituyen algunas comunidades, desde su punto de vista.

Nicanor García, de Ciudadanos, ha celebrado los criterios de armonización tributaria y de que las comunidades con régimen foral (Navarra y Euskadi) contribuyan al Fondo de Compensación Interterritorial y a los mecanismos de compensación, como se señala en el documento. Ha pedido al Gobierno asturiano que durante el debate político sea "proactivo" en el rechazo de las condonaciones de deuda, y en la exigencia del establecimiento de variables a la hora de realizar el reparto: dispersión, orografía, envejecimiento y otras cuestiones.