El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado por inconstitucional el impuesto catalán sobre la provisión de contenidos por parte de los prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas y de fomento del sector y de la difusión de la cultural digital, más conocido como 'canon digital' o 'impuesto del Adsl'.

En una sentencia, el Pleno del Tribunal Constitucional ha dado la razón al Gobierno central, que había recurrido el capítulo I de esta ley al considerar que había una "extralimitación" por parte del Parlament.

En su fallo, el tribunal concluye que este impuesto catalán "excede" la competencia que Catalunya tiene en materia tributaria y que grava el mismo hecho imponible que el impuesto estatal del IVA.

La Generalitat estima que deberá devolver a las operadoras de internet los 34,6 millones de euros recaudados desde la aplicación del denominado canon digital, un impuesto que ha sido anulado por el Constitucional y que el Govern quiere recuperar cuanto antes y con un mayor tipo impositivo.

El Ejecutivo catalán creó en 2014 este impuesto, que gravaba a los proveedores de contenidos en Internet y cuya recaudación iba destinada al fomento de la producción del sector audiovisual catalán.

Sin embargo, el Gobierno presentó un recurso contra esta nueva tasa, lo que motivó que el Constitucional la suspendiera cautelarmente en 2015 y que ahora haya decidido anularla por exceder competencias.

En un comunicado, el secretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó, ha afirmado que la decisión del TC supone "un ataque ideológico a las competencias fiscales del autogobierno catalán" e "inhabilita las competencias de las comunidades autónomas de aprobar tributos propios".

Ha avanzado asimismo que el Govern "se compromete a volver a aprobar un nuevo impuesto de forma inmediata, mejorando su articulado y subiendo los tipos impositivos para contribuir a la financiación de los proyectos audiovisuales catalanes".

Según los cálculos de la Dirección General de Tributos, la sentencia obligará a la Generalitat a devolver a las operadoras los 34,6 millones de euros recaudados desde la aplicación del impuesto en el año 2015.

El sujeto pasivo de este tributo eran las compañías operadoras de internet, con una cuota fija de 0,2 euros al mes por cada conexión a contratada en Cataluña, ya fuera a través de telefonía fija o de dispositivo móvil.

El redactado de la ley ponía de manifiesto que la creación de este impuesto no comportaría ninguna carga tributaria a las personas que tenían contratados estos servicios, ya que fijaba que eran los prestadores los que debían pagar la cuota tributaria sin posibilidad de repercutirla en el contribuyente.

El objetivo de la Generalitat era recaudar 20,5 millones de euros anuales, cantidad que se destinaría a proveer el fondo por el fomento de la industria audiovisual y el fondo para el fomento de la difusión de la cultural digital.

La Generalitat mantendrá las ayudas al sector audiovisual, a pesar de que el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional el canon digital que el gobierno catalán aprobó en 2015, ha explicado este viernes el conseller de Cultura, Lluís Puig, que ha anunciado que el Govern impulsará una nueva ley.

En una rueda de prensa rodeado de representantes del sector audiovisual catalán, Puig ha subrayado que se trata de "una tasa que no ha generado ningún rechazo social, que favorece la cultura y la economía del país, la cohesión, la libertad, el pensamiento y el hecho cultural".

Puig ha recordado, en este sentido, que la sentencia del TC incluye cinco votos particulares sobre un total de 12 miembros, que "dejan por escrito que se debería haber desestimado íntegramente este recurso de inconstitucionalidad, algo que nos carga de razones y argumentos para entender que va directamente a hacer un agujero a la línea de flotación de los momentos que estamos viviendo".

Desde su aprobación en 2015, el canon digital que se ha cobrado a las operadoras de internet ha permitido inyectar en el sector audiovisual catalán unos 33 millones de euros, un dinero, ha dicho Puig, que "ha ayudado al sector a salir de la crisis y a que se haya pasado de 73 a 120 empresas de videojuegos, que han incrementado su facturación desde 150 a 217 millones de euros".

El presidente de la patronal de las productoras, PROA, Raimon Masllorens, ha señalado que "sin la tasa no habrían sido posibles películas que nos han dado alegrías en los grandes festivales", como "Incerta glòria", "Estiu 1993", "La mort de Lluís XIV", "10.000 kilómetros", "100 metros" o unos 90 documentales y 20 telefilmes y miniseries.

La tasa, ha indicado Puig, tuvo un trámite parlamentario que permitió que se aprobara con las únicas abstenciones de PP y Ciudadanos, que "inicialmente estaban en contra".

En nombre del gobierno catalán, Puig ha anunciado el compromiso de "mantener la aportación económica de este año y evidentemente asegurar la continuidad de los proyectos audiovisuales, que son de largo recorrido, viendo los resultados positivos que estaba dando este impuesto".

El conseller ha recordado de que "la sentencia no se puede recurrir, y no es automático que se tengan que devolver los millones de euros recaudados; y si es necesario, se hará una nueva ley".

Puig ha criticado que la sentencia se haya hecho pública este viernes, pues "estaba redactada hace diez días".

El presidente de PROA ha calificado la sentencia de "tema político, que ha pasado una línea roja y que, por tanto, está por encima de la lógica y de la industria". Como sector, Masllorens ha pedido a la Generalitat que mantenga las ayudas comprometidas mientras se cambia la ley.

En nombre de la asociación de Desarrolladores y Editores de Videojuegos (Devicat), Xavier Carrillo ha advertido de que la eliminación de esta tasa, que había sido "una iniciativa pionera en Europa", "no sólo afectará a las empresas de aquí, sino también al resto de las empresas españolas".