La justicia brasileña embargó unos 9 millones de reales (2,8 millones de dólares) que estaban depositados en dos fondos de pensión del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado en primera instancia a nueve años y medio de prisión por corrupción, informaron fuentes judiciales.

El importe bloqueado en los fondos de pensión se suma a los 606.727 reales (192.002 dólares) que Lula tenía en cuatro cuentas bancarias y que fueron embargados la víspera por el mismo tribunal que condenó a Lula por las ventajas ilegales que al parecer recibió de una empresa implicada en el gigantesco escándalo de desvíos de la petrolera estatal Petrobras.

Según el juez decimotercero federal de la ciudad de Curitiba, Sergio Moro, el objetivo de los embargos es "garantizar" recursos para eventuales sanciones pecuniarias que serían aplicadas a Lula en caso de que la sentencia sea confirmada por un tribunal superior.

El bloqueo de recursos fue confirmado este jueves a la justicia por la operadora de fondos voluntarios de pensión Brasilprev, que administra un fondo por 7,2 millones de reales (2,3 millones de dólares) que Lula abrió a nombre de una empresa de su propiedad y otro de 1,8 millones de reales (562.500 dólares) abierto a su nombre.

Así como los recursos que estaban en sus cuentas bancarias, el exjefe de Estado no podrá mover los depósitos de sus fondos de pensión.

Su confiscación para eventuales resarcimientos sólo podrá ser efectiva cuando un tribunal de segunda instancia confirme la condena que le fue impuesta a Lula por corrupción y lavado de dinero y determine que el dirigente socialista tiene que reparar al Estado por los desvíos.

Moro, responsable de las investigaciones sobre la red de corrupción que operó en Petrobras, también bloqueó el apartamento en que Lula vive en la ciudad de Sao Bernardo do Campo, un terreno de su propiedad y dos vehículos.

El proceso en el que fue condenado es uno de los cinco que Lula afronta en la justicia penal y se fundamenta en la supuesta entrega al exmandatario de un apartamento en el balneario paulista de Guarujá por parte de la constructora OAS, a cambio de presuntos "favores políticos".

Lula, quien ha negado todos los cargos, sostiene que es inocente y víctima de una "persecución política y judicial" que tendría como objetivo impedir que se presente nuevamente a la presidencia, que ya ejerció entre 2003 y 2011.

Sus aspiraciones a disputar la presidencia en las elecciones de 2018 dependen ahora del fallo en segunda instancia, pues, si la sentencia de Moro llega a ser ratificada, las leyes electorales le impedirían postular para cualquier cargo público.

La defensa del expresidente, que ya presentó un primer recurso contra la condena, asegura que el embargo de bienes es "ilegal y abusivo".

"En la práctica, la decisión retira de Lula la disponibilidad de todos sus bienes y valores, lo que perjudica su subsistencia, así como de su familia. Se trata de otra arbitrariedad de entre las tantas ya cometidas por el mismo juez contra el expresidente", según un comunicado divulgado por los abogados del exmandatario.