El conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Josep Rull, ha comparado con el certificado de buena conducta franquista el anuncio del Gobierno por el que ha advertido que suspenderá el pago del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) a Cataluña si no certifica semanalmente que no destina fondos al referéndum independentista del 1 de octubre.

En una entrevista, el conseller ha afirmado: "Vuelven a poner en valor lo que ocurría en la época de Franco, de pedir un certificado de buena conducta cada semana".

"Es una expresión de sectarismo que no podemos entender de ninguna de las maneras y más cuando el FLA forma parte del sistema de financiación autonómica, un mal sistema pero que el Estado español tiene la obligación de gestionar y de hacerlo sin amenazas", ha ahondado Rull.

Ha advertido de que los que saldrán perjudicados son los ciudadanos, tanto los que son partidarios de la independencia como los que son contrarios a ella, y ha reprobado que el Gobierno central pretenda colapsar los servicios públicos de Cataluña con esta medida.

Ha recordado que los fondos del FLA proceden de los recursos que generan los catalanes con sus impuestos y que el Gobierno se los deja a Catalunya en forma de préstamo, por lo que ha incidido en que el Estado es el principal acreedor de la comunidad catalana: "El Estado se puede disparar un tiro en el pie".

"Si pretenden cortar el grifo a Cataluña, al final estarán cerrando el grifo al Estado, porque es nuestro principal acreedor. Si tuviéramos un buen sistema de financiación, no nos haría falta el FLA", ha sostenido.

Rull ha lamentado "la gesticulación y el control del Gobierno, basando su discurso en el miedo y las advertencias constantes en forma de amenaza".

"Nos miraremos lo que hay y actuaremos con toda la responsabilidad y toda la diligencia, pero dejamos un mensaje claro y es que esta idea de certificado de conducta antiguo, de hace más de 50 años... No estamos para movernos en estos parámetros", ha advertido.

En cualquier caso, el conseller ha reiterado el compromiso del Govern con el referéndum: "El 1 de octubre, les guste o no, habrá urnas amparadas en el principio democrático y fundacional del derecho internacional público".