Este lunes, la comunidad gallega conmemora el cuarto aniversario del siniestro ferroviario más grave de la democracia española, que se produce en un contexto marcado por dos frentes más claros ahora que nunca en estos últimos cuatro años: el judicial y el político.

En la curva de A Grandeira, a escasos kilómetros de la estación de Santiago, los vecinos del barrio de Angrois y los servicios de emergencia, vivieron momentos de enorme tragedia, cuando el tren en el que viajaban 218 personas descarriló dejando 80 fallecidos y 144 heridos.

El convoy procedía de Madrid-Chamartín y se dirigía a Ferrol, pero tenía prevista su parada en Compostela minutos antes de las nueve de la noche. Pasadas las 20.40 horas, el exceso de velocidad con el que circulaba el maquinista tras atender una llamada del interventor -que le indicaba por dónde entrar en Pontedeume para que se pudiese bajar una familia- provocó el descarrilamiento.

El pasado domingo, el presidente de la Plataforma Víctimas del Alvia 01455, Jesús Domínguez, aseguró que el Gobierno intentó señalar al maquinista del Alvia, Francisco Garzón, como "el único responsable" y celebró que "la Audiencia Nacional, el juz y la Unión Europea han dejado claro que no sólo era el maquinista".

Desde el pasado mes de marzo, el juez encargado del caso le atribuye al exdirector de seguridad en la circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, 80 supuesto delitos de homicidio y 144 de lesiones por imprudencia profesional grave.

Cortabitarte ya había sido imputado y desimputado en dos ocasiones (septiembre de 2013 y mayo de 2014), pero la Audiencia Provincial decidió, el pasado 28 de junio, que Lago vuelva a investigar a Corabitarte al haber "indicios de una actuación deficiente, por incompleta y parcial, en la evaluación de riesgos".

El exdirector de seguridad en la circulación volverá a declarar el próximo 27 de julio en una comparecencia en la que no se sabe si hablará u optará por no declarar o, de hacerlo, que sólo responda a las preguntas de su abogado, como ya hizo cuando fue llamado a sede judicial el pasado 4 de abril.

La conmemoración este 24 de julio se da, además, con un cambio fundamental sobre el tablero político: el PSOE, que en su día votó que no, apoya ahora y de hecho ya ha registrado una petición de comisión de investigación política en el Congreso de los Diputados.

Una reivindicación, por la que clama la plataforma de víctimas desde un primer momento, para conocer "la verdad" y que se haga "justicia", y que le llevó a las calles ya el 17 de diciembre de 2013, precisamente frente a las Cortes.

Podemos y en concreto En Marea ya ha mostrado su disposición a votar a favor de la iniciativa socialista, y ni siquiera descarta una actuación conjunta.

La pelota está, así las cosas, sobre el tejado de Ciudadanos, del que los afectados quieren saber si volverá a favorecer el veto a esta solicitud en la Mesa, que controla el Partido Popular junto al partido liderado por Albert Rivera. Todo esto se resolverá en septiembre, a la vuelta de las vacaciones de los parlamentarios.