El Ministerio de Hacienda ha dado 24 horas a la interventora general de la Generalitat de Cataluña, Rosa Vidal Planella, para que aclare si se han desviado 6.150 euros a preparar el referéndum del 1 de octubre y le recuerda que puede tener responsabilidades administrativas o penales si no contesta.

El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, remitió este lunes una carta a la interventora general de la Generalitat de Cataluña, la segunda en menos de una semana, después de la que le envió el pasado martes reclamando explicaciones por el desvío, detectado el pasado 13 de julio y que motivó que el Gobierno aprobase medidas para impedir el uso de fondos estatales para la consulta independentista.

En esta nueva misiva, Fernández de Moya recuerda el acuerdo del pasado viernes de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, que alertaba de la posibilidad de suspender las partidas a Cataluña del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) si se comprobaba que se estaba desviando dinero a preparar la consulta.

También señala que la información recabada "se trasladará a las autoridades competentes a los efectos de la posible exigencia de la responsabilidad administrativa, contable y/o penal que, en su caso, pudiera corresponder a los responsables del uso de fondos públicos".

El departemento de Economía de Generalitat informaba minutos más tarde de hacer pública la carta de Hacienda que la interventora Rosa Vidal ha enviado una misiva a Hacienda explicando que el importe con cargo al programa 132 (Organización, gestión y seguimiento de procesos electorales) corresponden a un contrato de mantenimiento de un software que implica al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI).

El gasto, según el Ejecutivo que preside Oriol Puigdemont, es recurrente, por lo que la demanda de información no deja de ser, de acuerdo a la misma fuente, una más de las recibidas desde el Ministerio de Hacienda.