El responsable policial fue nombrado coordinador del convenio firmado en junio de 2006 entre el Ayuntamiento y la Asociación Internacional de Policía, por el cual organizó 22 cursos online que se desarrollaron de julio a octubre de dicho año, "consignando en los trípticos de publicidad su número propio de cuenta para los ingresos".

La acusación pública lo acusaba inicialmente de un delito de malversación, al entender que se había "apropiado de las cantidades abonadas por las personas que participaron en los cursos en concepto de inscripción", tras lo que hizo dos ingresos en una cuenta del Ayuntamiento, aunque se habrían "distraído" 4.338 euros.

La sentencia declara probado que "en modo alguno se puede decir que haya sustraído o se haya apropiado de dinero previamente ingresado en las arcas públicas o haya recibido un dinero que tuviera la obligación de ingresarlo en las arcas públicas por estar destinado a sufragar o costear servicios públicos".

Así, se considera que el acusado designó su propia cuenta para dichos ingresos al no ser la Escuela de la Policía Local de Coín, de la que era coordinador, un organismo autónomo, pero "no consta que tuviera la intención de apropiarse de las cantidades abonadas por las personas que participaron en los cursos en concepto de inscripción".

Asimismo, se concluye que "no consta que no haya reintegrado íntegramente el importe de las cantidades abonadas por las personas que participaron en los cursos", ya que el informe realizado en su cuenta corriente "es incompleto, al no haber dispuesto de la totalidad de los extractos".

Tampoco ha quedado acreditado que los profesores no tuvieran la titulación necesaria para impartir los cursos, apuntando la sentencia que los diplomas pueden ser utilizados por los policías como méritos en concursos de movilidad o promoción interna.