El acuerdo incluye la financiación del personal de los centros municipales de servicios sociales y de los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia, atención a personas en situación de dependencia, así como la gestión de las ayudas de urgencia.

La firma ha tenido lugar en el Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, y a ella ha asistido la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Ejecutivo autonómico, María Victoria Broto, quien ha afirmado que el convenio ratifica su "apuesta por las personas" y pone de manifiesto "la buena relación con el Ayuntamiento de Zaragoza".

En 2015, el Gobierno de Aragón aportó al consistorio un total de 6.169.644 euros y, en 2016, con 7.612.291 euros, por lo que, con la firma de este convenio, se ha producido un incremento de 2,8 millones de euros con respecto al año anterior. La consejera municipal de Derechos Sociales Luisa Broto ha subrayado que el importe acordado supondrá un "veinte por ciento del presupuesto municipal destinado a servicios sociales".

Asimismo, ha explicado que, gracias al convenio marco con el Gobierno aragonés, ha sido posible "la agilización del Ingreso Aragonés de Inserción", una prestación "básica" que había sufrido "retrasos en legislaturas anteriores".

PARTIDAS

El acuerdo entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza financia el 50 por ciento del personal de los centros municipales de servicios sociales, que reciben 4.234.142 euros, lo que supone un incremento en 800.000 euros con respecto al 2016.

Dicha partida permitirá gestionar el Ingreso Aragonés de Inserción, valorar el riesgo de desprotección de menores y elaborar Planes Individualizados de Atención a la Dependencia, entre otras cuestiones.

Por otro lado, la colaboración entre las instituciones permitirá financiar las prestaciones de ayuda a domicilio y de teleasistencia, que van dirigidas a personas sin valoración de dependencia. Estos servicios recibirán 2.876.716 euros, lo que supone un 16 por ciento del presupuesto municipal destinado a esta finalidad.

A esta cifra hay que sumar los 3.271.368 euros que dedica el Ayuntamiento de Zaragoza a financiar la ayuda a domicilio para dependientes.

Por último, el convenio marco aportará 2.240.000 euros para financiar las ayudas de urgencia, destinadas a personas o familias que no pueden cubrir necesidades básicas de alimentación o vivienda. Por primera vez, se ha incluido, además, una partida específica de 700.000 euros para situaciones de pobreza energética.

Estas cuantías presupuestarias permitirán crear 34 nuevos puestos de trabajo. De ellos, 24 estarán en los centros municipales de servicios sociales -21 trabajadores sociales, un educador y dos administrativos-; uno se dedicará a la intervención en desahucios y otras situaciones de exclusión; y nueve para la atención a los dependientes -tres trabajadores sociales, dos técnicos auxiliares y cuatro administrativos-. Por otro lado, se crearán 2.245 terminales de teleasistencia para dependientes.

ATENCIÓN CIUDADANA

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón ha reconocido que uno de los aspectos que más "ha preocupado" al Ejecutivo autonómico "desde que comenzó la legislatura", ha sido la "atención a los ciudadanos".

Según ha dicho, en Zaragoza vive la mitad de la población de Aragón "por lo que los servicios sociales de la capital tienen gran importancia para nosotros".

Por otro lado, Broto ha asegurado que el IASS "no tendría sentido" sin la "colaboración con otras Administraciones" como el ayuntamiento zaragozano y ha recordado que el presupuesto del Instituto de este año es "el mayor en toda su historia" por lo que es "lógico" que tuviera "repercusión" en los convenios con instituciones municipales.

La consejera ha destacado que los servicios sociales son "fundamentales para la sociedad" y ambas instituciones tienen claro que se debe "trabajar para que los derechos subjetivos sean una realidad". "Apostamos por las personas y porque los zaragozanos tengan los mejores servicios", ha concluido Broto.

El Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza cumplen con este acuerdo la Ley de Servicios Sociales de Aragón, la cual establece que las competencias en servicios sociales queden en manos de la Comunidad Autónoma y de las entidades locales en sus territorios.