Los venezolanos están llamados este domingo a elegir a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente que ha convocado el presidente, Nicolás Maduro, con el objetivo de recuperar la paz social, un proceso que ha suscitado la crítica interna —incluso chavista— e internacional y ha alejado aún más la posibilidad de alcanzar una solución negociada a la crisis que arrastra el país.

Maduro plantea la Asamblea Constituyente como la salida a la crisis que atraviesa Venezuela desde hace años y que se agravó el pasado marzo con unas polémicas sentencias del Tribunal Supremo que despojaron al Parlamento —controlado por la Mesa de Unidad Democrática, MUD— de sus poderes, lo que desencadenó una serie de manifestaciones que han sido duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad y que han dejado más de cien muertos y miles de detenidos. Para el presidente venezolano se trata de una carta decisiva para seguir gobernando en Venezuela: la integración de una Asamblea Constituyente que él considera un "suprapoder", pero que sus adversarios ven como la consumación de una "dictadura".

Estas son las principales preguntas y respuestas para entender el proceso que reformará la Constitución promulgada por el fallecido Hugo Chávez en 1999.

De las elecciones de este 30 de julio saldrán las 545 personas que formarán la Asamblea Constituyente con el encargo de redactar una nueva Carta Magna que sustituirá a la promulgada en 1999 bajo la presidencia de Hugo Chávez. Lo que no está claro es dónde residirá a partir de entonces el poder legislativo, de amplia mayoría opositora.

De los 545 miembros de la Asamblea Constituyente, 364 tendrán carácter territorial y 173 serán elegidos de entre determinados sectores sociales —trabajadores (79), pensionistas (28), representantes comunales (24), estudiantes (24), campesinos (8), empresarios (5) y personas discapacitadas (5)— a los que se suman 8 representantes indígenas.

Otra de las innovaciones de Maduro es que los 545 escaños no se repartirán en base a las circunscripciones electorales habituales, sino que están distribuidos por territorios y sectores. En principio, los electores podrán emitir dos votos, uno por territorio y otro por sector, pero quienes no estén representados en los sectores solo tendrán uno.

Según el experto electoral Eugenio Martínez, 62% de los 19,8 millones de votantes podrá emitir dos sufragios.

De unos 50.000 candidatos, se validaron 6.120. Las bases electorales fijadas por Maduro —y aprobadas por el poder electoral— prohibieron candidaturas partidistas, por lo que fue necesario acreditar firmas.

Entre los candidatos figuran poderosos dirigentes del chavismo como el diputado Diosdado Cabello, la excanciller Delcy Rodríguez, la primera dama Cilia Flores, y el exgobernador Adán Chávez, hermano de Hugo Chávez.

La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) asegura que Maduro estaba obligado legalmente a someter su convocatoria a la Constituyente a referendo, en el cual afirman que no hubiera logrado los votos necesarios para ello. Maduro, sin embargo, aseguró que la nueva Constitución sí será sometida a referendo.

Según la encuestadora Datanálisis, siete de cada diez venezolanos rechazan la Constituyente y la gestión del mandatario. La MUD le enrostra a Maduro que en 1999 Hugo Chávez, su mentor, consultó a los venezolanos sobre el llamado a la Constituyente que redactó la actual Carta Magna.

Además, considera fraudulento el método de votación, pues señala que al no haber una representación proporcional según la población de los municipios, el chavismo buscaría sacar ventaja en zonas rurales apartadas donde aún es fuerte, en contraste con los centros urbanos.

La MUD cree que el mandatario intenta evadir elecciones (las presidenciales deben celebrarse en diciembre de 2018), pues dada su impopularidad no podría ganar comicios universales.

También pretendería disolver instituciones que le incomodan, como el Legislativo y la Fiscalía —cuya titular Luisa Ortega desertó del oficialismo—, y según la alianza opositora ir hacia una autocracia.

Junto con Ortega, otros chavistas disidentes se oponen a la iniciativa alegando que socavará la Constitución impulsada por Chávez, solo para que Maduro conserve el poder.

Maduro sostiene que su Constituyente es democrática porque apela al "poder originario", y que está facultado para convocarla sin referendo. "Es el gran poder que necesitamos para poner orden en Venezuela. Necesitamos un poder que esté por encima de los poderes que sabotean el desarrollo del país", dijo el mandatario, quien afirma que la votación será "directa, universal y secreta".

El presidente aclara que el objetivo es "perfeccionar" la Carta Magna, elevando a rango constitucional, por ejemplo, los programas sociales.

También defiende que la elección da cabida a amplios sectores, frente a la acusación de que los votantes gremiales fueron escogidos de bases afines al chavismo, como los consejos comunales, unos 45.000 grupos que se benefician de la asistencia estatal. Y afincado en que la grave crisis es fruto de una "guerra económica", Maduro dice que la Constituyente traerá la recuperación del país petrolero.

No se ha fijado un umbral, pero una baja afluencia a las urnas "afectaría la legitimidad" de la Constituyente, según el analista Benigno Alarcón.

Más aun después de que la MUD aseguró haber recaudado 7,6 millones de votos en un plebiscito simbólico contra la iniciativa realizado el 16 de julio pasado.

Según los resultados de las parlamentarias de 2015 —que ganó abrumadoramente la oposición—, la base electoral del chavismo es de 5,7 millones. Pero la doble votación (territorial y sectorial) inflaría la cifra, indica Martínez. No se ha previsto observación internacional para estas elecciones.