A través de una nota, NC ha indicado que el debate sobre el modelo turístico se está produciendo en todo el mundo y son cada vez más los destinos consolidados (Ámsterdam, Venecia, Brujas, Cataluña, Euskadi, Baleares) que comienzan a tomar medidas para racionalizar el sector y evitar sus efectos más perversos sobre el medio ambiente, el patrimonio cultural o la propia convivencia.

Según el partido que lidera Román Rodríguez, la renovación de la planta obsoleta, la mejora de las ciudades turísticas, la diversificación y la cualificación siguen siendo las tareas pendientes en el sector, y advierte de que la obsesión por lo cuantitativo sólo lleva a impactos negativos en el medio natural y los entornos urbanos, incremento en la generación de residuos, aumento de vertidos al litoral, y en los consumos de electricidad y agua, problemas de tráfico en las carreteras, saturación de los servicios sanitarios y dificultades en la convivencia.

"Obsesionarse con batir records en visitantes, aspirar a superar los 22 millones de turistas como hace el Gobierno canario -para eso ha derogado las directrices y aprobado la Ley del Suelo- es pretender continuar con una burbuja que incrementará los problemas medioambientales, dificultará la convivencia y no solucionará, como estamos viendo, la calidad del empleo generado", afirman desde NC.

PLATAFORMAS.

En referencia a las plataformas que controlan el alquiler vacacional, el partido señala que éstas "ni generan empleo ni pagan impuestos en Canarias". Por ello, aboga por establecer por ley las condiciones para este nuevo sector, evitando su clandestinidad fiscal, la falta de control sobre la calidad de la oferta y la ubicación en lugares inadecuados que puedan perjudicar la vida cotidiana de los residentes, así como sus efectos negativos sobre el alquiler residencial.

Desde NC inciden en que países como Francia han mostrado su preocupación por esa situación de casi nulo pago de impuestos y anunciado la necesidad de adoptar medidas en el ámbito de la Unión Europea. Comenta que en el caso del Estado español, la plataforma AIrbnb, que tiene la práctica totalidad de su empleo en San Francisco y su sede fiscal en Irlanda, solo pagó 55.000 euros en impuestos de sociedades en 2016 en el conjunto de España, pese a contar con 5,4 millones de clientes y disponer de ingresos superiores a los 35 millones de euros.