Los trabajadores de Eulen han decidido este domingo en asamblea mantener la convocatoria de huelga indefinida de 24 horas a partir de las cero horas del lunes, en los controles de seguridad del aeropuerto de Barcelona-El Prat, y el Gobierno ya ha iniciado los trámites para el laudo arbitral obligatorio.

Un total de 187 trabajadores de Eulen, de los casi 400 que componen la plantilla, han participado en la votación, que ha arrojado el siguiente resultado: 150 votos en contra de la propuesta (que preveía una subida de 200 euros mensuales en doce pagas), 36 a favor y uno nulo, según datos facilitados por el asesor del comité de huelga, Juan Carlos Giménez, al término del recuento.

El pasado jueves votaron 176 trabajadores (once menos que este domingo) en la primera asamblea, en la que además de la propuesta de mediación también se valoraron otras tres que no habían sido consensuadas.

En esa ocasión venció la propuesta de aumento salarial de 250 euros en 15 pagas, mientras que la oferta de mediación de la Generalitat solo obtuvo dos votos.

La consejera de Trabajo de la Generalitat, Dolors Bassa, ha dicho que la mediación del Gobierno catalán en el conflicto ha terminado y ha señalado que ahora les corresponde negociar a "las dos empresas implicadas, Eulen y Aena, y a los trabajadores".

La Delegación del Gobierno en Cataluña ha decretado unos servicios mínimos del 90% para la huelga, para "garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales".

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha criticado la "postura muy inmovilista" del comité de huelga y el rechazo a una propuesta "razonable", por lo que ya ha iniciado los trámites para el laudo arbitral.

De la Serna, que ha comparecido en Santander tras conocer el rechazo de la plantilla a la oferta mediadora, ha dicho que la propuesta que saldrá de ese laudo será vinculante para todas las partes.

Ha subrayado que el Gobierno no está dispuesto a que "la decisión de unos pocos, 150, afecte a millones de españoles y turistas que utilizan estos días el aeropuerto del Prat".

El ministro ha reiterado que, ante el "evidente" problema de seguridad y de orden público que se puede producir en El Prat con la huelga indefinida que comienza mañana, ya se ha puesto en marcha el dispositivo para reforzar los controles del aeropuerto con efectivos de la Guardia Civil.

La presencia de agentes de la Guardia Civil en el aeropuerto se ha incrementado este domingo de manera ostensible coincidiendo con un nuevo paro parcial de los trabajadores de Eulen.

El despliegue de la Guardia Civil había sido ordenado por el Gobierno para garantizar la seguridad en esta infraestructura después de varias semanas de colas y aglomeraciones de viajeros ante los mostradores y los controles de seguridad por las protestas laborales de los empleados de Eulen.

Según ha asegurado el asesor del comité de huelga Juan Carlos Giménez, la "convivencia" entre los empleados de Eulen y los agentes de la Guardia Civil en El Prat es "muy mala".

A la sobrecarga de trabajo que soportan especialmente las trabajadoras de Eulen en los controles de seguridad, ha señalado Giménez, se suma ahora la "presión constante de la Guardia Civil", hasta el punto de que este domingo algunas de ellas han acabado "llorando".

El también abogado del comité de huelga Leopoldo García Quinteiro ha acusado a la Generalitat de atribuirse una función de "arbitraje" que no le corresponde y ha denunciado la "arrogancia" del ministro De la Serna, "absolutamente incompatible con principios básicos del derecho democrático" al "amenazar" con el laudo arbitral.

A su juicio, "no se dan las condiciones" para un arbitraje obligatorio "mientras no se quiebren los servicios mínimos", fijados en un 90%, un porcentaje que ha calificado de "abusivo".

"La imposición del arbitraje obligatorio es una anomalía absoluta y un atentado directo al derecho fundamental a la huelga", ha denunciado García Quinteiro, que ha advertido de que pretender "sustituir" a los trabajadores en huelga por agentes de la Guardia Civil "sería absolutamente ilegal".