En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, la consejera de Presidencia, Begoña Martínez Arregui, ha informado de que el Ejecutivo regional ha acordado hoy iniciar un proceso de colaboración con los riojanos para proceder a la redacción del primer borrador de una norma reguladora de la participación ciudadana y colaboración social que contribuya a impulsar una democracia más avanzada.

Para ello, según ha detallado Arregui, los riojanos podrán acceder, hasta el próximo 18 de octubre y a través del Portal de Participación Ciudadana de la página web del Gobierno de La Rioja www.larioja.org, a un documento que explica los problemas que quiere mejorar la futura normativa, la necesidad y oportunidad de su aprobación, sus objetivos y las posibles soluciones alternativas para realizar las aportaciones que consideren oportunas.

Esta actuación, que la portavoz del Gobierno de La Rioja, Begoña Martínez Arregui, ha enmarcado en el camino emprendido por el Ejecutivo riojano "desde el inicio de la legislatura", con la apuesta "por un estilo de gobierno caracterizado por el diálogo, la cercanía y la proximidad", fundamentado en "principios de transparencia, información y participación", busca "reforzar la confianza de los riojanos en las instituciones".

"Creemos que va a suponer un salto cualitativo en la construcción de una sociedad democrática más participativa e innovadora en La Rioja", ha destacado.

Arregui ha señalado que durante el periodo de consulta, la Consejería de Presidencia presentará el documento a representantes de instituciones, agentes económicos y sociales, colectivos, asociaciones y, en definitiva, los diversos actores interesados en las diferentes políticas públicas para que también puedan

realizar y canalizar sus propuestas y sugerencias.

Finalizado este periodo, el Ejecutivo riojano, que ya presentó el citado documento a los grupos parlamentarios, elaborará el borrador del proyecto de Ley de Participación Ciudadana y Colaboración Social, que será aprobado por el Consejo de Gobierno y remitido al Parlamento para su tramitación.

El Gobierno de La Rioja ha optado por el rango de ley como alternativa regulatoria porque considera que es el "adecuado al marco constitucional y estatutario" y es el que permite establecer la participación ciudadana y la colaboración social como derechos subjetivos de los riojanos.

La portavoz del Gobierno ha recordado que la Ley de Participación Ciudadana es una de las medidas que el presidente del Ejecutivo regional se comprometió a aprobar esta legislatura "con la finalidad de impulsar una verdadera política de transformación e innovación democrática", que pondrá a la Administración autonómica "al servicio de los ciudadanos", como señaló en su discurso de investidura.

En este sentido, ha resaltado que el documento de consulta indica que la futura ley "pretende fomentar la colaboración y codecisión de los riojanos en las políticas públicas al reconocer, de forma precisa y diferenciada, el derecho a la participación ciudadana y a la colaboración social", y establecer las garantías e incentivos necesarios para "promover su efectividad como ya consta en la Declaración de Gobierno Abierto aprobado por el Ejecutivo riojano el pasado mes de abril".

Asimismo, ha indicado que concreta 30 objetivos específicos de la nueva normativa, entre los que destacan, además del ya citado reconocimiento de la participación y la colaboración como derechos subjetivos, consensuar, en el ámbito social y político, el contenido y alcance del compromiso de los poderes públicos con la participación; definir las obligaciones de la administración para favorecer el ejercicio de estos derechos y acompañarlos del régimen de garantías preciso.

Otros de los objetivos específicos fijados son establecer incentivos a la participación y colaboración; garantizar que la información que se suministra en los procesos de participación sea precisa, relevante, adecuada a los fines y suficiente para formar opinión al respecto; diferenciar adecuadamente los procesos de participación vinculados con la codecisión en el diseño de las políticas públicas de aquellos vinculados a los procesos prestaciones de servicios públicos y establecer de forma clara los diferentes tipos de procesos de participación que se podrán articular.

En este sentido, la tipificación de: consultas públicas no referendarias; audiencias públicas, encuestas, foros ciudadanos, paneles ciudadanos, jurados ciudadanos, núcleos de intervención participativa, iniciativa reglamentaria popular presupuestos participativos y participación en los procesos de elaboración de leyes y reglamentos.