La entidad ha remitido un escrito a la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, solicitando que el Ministerio Público iniciase una

"investigación de oficio" sobre este accidente, "para conocer en la situación en la que estaba el ascensor y si las revisiones no fueron lo más exquisitas para evitar un accidente de esta magnitud". Y es que según la Asociación del Defensor del Paciente, "a veces la falta de cuidado en el acondicionamiento de los servicios en los hospitales y la vejez de los mismos pueden posibilitar accidentes evitables".

No obstante, y dado que el Juzgado de Instrucción número uno de Sevilla ha incoado ya unas diligencias de investigación en torno al asunto, estando a la espera de recibir un atestado policial sobre los acontecimientos y los resultados provisionales de la autopsia practicada al cadáver, Carmen Flores ha señalado a Europa Press que en cualquier caso, se hace necesario "una investigación profunda" del accidente, dado el "calibre" de la tragedia.

Y es que según Flores, hay determinados aspectos que "llaman la atención". Así, ha expuesto que "si realmente" la administración andaluza, en concreto la Consejería de Salud, defiende que el ascensor había sido "revisado hace poco", más al detalle el pasado 12 de agosto a manos de la empresa Orona, encargada de su mantenimiento, es necesario aclarar "qué tipo de empresa" se ha hecho cargo de dicha revisión, porque a veces las administraciones optan "por lo más económico y no por lo más eficaz".

Del mismo modo, Carmen Flores ha opinado que si la mencionada revisión fue realizada "hace tan poco tiempo", la empresa encargada de dichas labores de mantenimiento y revisión "tiene una responsabilidad que la Administración tiene que reclamar", toda vez que la Junta de Andalucía ha abierto una investigación interna en torno a las circunstancias del accidente.

El ascensor donde murió la joven, según la consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Marina Álvarez, había pasado la última revisión técnica por parte de la empresa encargada de su mantenimiento, Orona, el pasado 12 de agosto, así como la inspección reglamentaria del Organismo de Control Acreditado (OCA) el pasado mes de mayo. No obstante, la Administración sanitaria ha encargado un informe a la empresa responsable de su mantenimiento, Orona.

De cualquier modo, la presidenta de la Asociación del Defensor del Paciente considera que una tragedia de este "calibre" debe ser objeto de una "profunda investigación" administrativa y especialmente judicial, donde la Fiscalía "puede influir" en el esclarecimiento de las circunstancias.