La exfiscal venezolana Luisa Ortega  afirmó este miércoles tener pruebas de que el dirigente chavista Diosdado Cabello recibió 100 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht.

Ortega aseguró que el dinero fue depositado en una "empresa española", propiedad de los primos de Cabello, Luis Alfredo Campos Cabello y Jerson Jesús Campos Cabello, y denominada TSE Arietis.

Subrayó, en sus declaraciones a la prensa, que entregará las pruebas a las autoridades de distintos países, entre ellos Estados Unidos, Colombia y España, "para que se investigue" en "virtud del principio de jurisdicción universal".

"En Venezuela no hay justicia", subrayó Ortega, que participó como invitada especial en una reunión de fiscales del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay más Venezuela que ha sido suspendida políticamente) en Brasilia, donde consideró que la situación de su país amenaza a la región.

Ortega, a quien el Gobierno de Colombia ha ofrecido asilo, fue destituida de su cargo el pasado 5 de agosto por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que la acusa de haber cometido "actos inmorales".

Contra el esposo de Ortega se dictó una orden de captura al ser acusado por la Constituyente y por el nuevo fiscal general de integrare una trama de extorsión que presuntamente operaba desde la Fiscalía.

Ortega, que abandonó su país tras ser acusada de traición por el Gobierno, afirmó que es perseguida porque tiene pruebas de corrupción contra las principales autoridades chavistas, incluido el presidente Nicolás Maduro.

La exfiscal ha reaparecido en una cumbre de fiscales en Brasil en la que ha amenazado con sacar a la lucha "muchas pruebas" que acreditarían las actividades irregulares de destacados funcionarios.

La funcionaria atribuyó la persecución que sufre en Venezuela a sus investigaciones sobre la corrupción de la empresa brasileña Odebrecht en su país contra los altos dirigentes del chavismo. Odebrecht es la constructora acusada de haber tejido una vasta red de sobornos a altos cargos de varios países.

"Tengo pruebas en el caso Odebrecht que comprometen a Maduro, Cabello, Jorge Rodríguez y otros", añadió Ortega, quien agregó: "En Venezuela lo que ha ocurrido es la muerte del derecho. La estabilidad de la región está en peligro. Lo que ocurre en Venezuela puede permear a toda la región".

"Lo más grave es que todo está relacionado con la corrupción. Lo que ocurre conmigo es por una serie de denuncias que hice", afirmó la fiscal en la apertura de la XXII Reunión Especializada de Ministerios Públicos del Mercosur (REMPM), en la que fue tratada como la "fiscal legítima" de Venezuela.

Según Ortega, la crisis en Venezuela fue provocada por la corrupción y amenaza con expandirse a toda la región.

Agregó que en Venezuela no hay ninguna garantía de justicia, ya que lo que quiere el "régimen" de Maduro es impunidad en los casos de corrupción.

"Hay que recuperar la democracia en Venezuela, sin tener autoridades vinculadas a la corrupción", afirmó.

Ortega señaló que, tras ser ilegítimamente destituida por investigar la corrupción en Venezuela, fue sustituida por una persona contra la que existen seis investigaciones por corrupción.

La exfiscal señaló que los seis expedientes contra el nuevo fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, están relacionados con el desfalco a la estatal petrolera PDVSA y que no servirá de nada archivar los procesos y esconder las pruebas porque tiene en su poder copias certificadas de los documentos comprometedores.

Luisa Ortega llegó a Brasil en la madrugada de este miércoles, pocas horas después de que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunciara que pedirá a Interpol su captura y la de su esposo, el diputado chavista Germán Ferrer.

Ortega, a quien el Gobierno de Colombia ha ofrecido asilo, fue destituida de su cargo el 5 de agosto por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), de composición oficialista, que la acusa de haber cometido "actos inmorales".

Contra el esposo de Ortega se dictó una orden de captura al ser acusado por la Constituyente y por el nuevo fiscal general de integrar una trama de extorsión que presuntamente operaba desde la Fiscalía.