El Gobierno de Guatemala dijo este miércoles que evalúa la posibilidad de reactivar la pena de muerte, que no se aplica desde 2000, como una medida para luchar contra la violencia, indicó el portavoz de la presidencia del país, Heinz Heimann.

"Se valora discutir la implementación de la pena de muerte", dijo Heimann, una cuestión que el Gobierno guatemalteco se ha planteado después de sucesos violentos como el tiroteo perpetrado por pandilleros contra un hospital la semana pasada, donde murieron siete personas y once quedaron heridas.

En una conferencia de prensa, el portavoz dijo que es necesario revisar el asunto "dada la coyuntura" que se está viviendo en Guatemala "tan violenta" y que su intención sería garantizar la gobernabilidad y la seguridad integral de los guatemaltecos y prevenir "actos de terrorismo".

El presidente guatemalteco, Jimmy Morales, se reunirá el viernes con el secretario de la ONU, Antonio Guterres, en Nueva York para tratar varios temas, como mejorar las capacidades de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), cuyo mandato termina en 2019.

También solicitarán más apoyo nacional e internacional para combatir la impunidad, la corrupción, la trata de personas o el crimen organizado, pues "no habíamos tenido tantos casos" como ahora, que demuestran que las estructuras criminales están más organizadas y llegan a tener un carácter "trasnacional", dijo el portavoz.

El pasado fin de semana, el congresista del partido oficial Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) Marcos Fernando Yax convocó una manifestación para pedir la reactivación de la pena de muerte, que no se aplica desde que en el año 2000 fueron ejecutados dos secuestradores mediante inyección letal.

Según explicó Marcos Fernando sería una de las medidas para acabar con la violencia en uno de los países más violentos del mundo y lamentó que se defiendan los derechos humanos "de los asesinos".

Aunque el artículo 18 de la Constitución de Guatemala establece la pena de muerte, en los últimos años no ha podido aplicarse debido al vacío legal que existe desde que el presidente Alfonso Portillo (2000-2004) derogó en 2004 el decreto 159, que regulaba el indulto y permitía al mandatario del país suspender o no la ejecución.

Como el Estado de Guatemala no ha restablecido la plena vigencia de este recurso de gracia, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha conmutado la pena de muerte por la máxima pena de prisión a los reos que lo han solicitado.

El año pasado, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala declaró inconstitucional la aplicación de la pena de muerte por el delito de asesinato.